La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha insistido en que el Gobierno hará "todo lo posible" para evitar que se produzcan los paros
Fenadismer decidirá hoy en una asamblea si secunda o no las movilizaciones. Los convocantes insisten en que se incumple la ley.
El Gobierno se abre a reunirse con los camioneros para evitar el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte a partir del próximo lunes, en vísperas de la campaña de Navidad. Mientras tanto, la Federación representativa de las pequeñas y medianas empresas del sector, Fenadismer, decidirá hoy en una asamblea si secunda o no las movilizaciones. MAS: Unos paros, por cierto, que rechaza el sector de la distribución de alimentos. Sector que pide que se garantice el abastecimiento. Además, en el comercio se teme el efecto de la huelga en días de compras tan señalados como el Black Friday. Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, así ha ofrecido la colaboración del gobierno a los transportistas.Eso sí, les pide responsabilidad.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido este martes "responsabilidad" a los transportistas asociados en la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, a raíz de la convocatoria de un paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes.
Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha insistido este lunes en que el Gobierno hará "todo lo posible" para evitar que se produzcan los paros en el transporte de mercancías por carretera anunciados este lunes para el fin de semana.
"Estamos en una situación muy complicada y tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de la cadena de distribución de la alimentación...", ha dicho Rodríguez, que ha insistido en que el Ejecutivo "está dispuesto a colaborar con el sector".
La ministra portavoz ha incidido en que el transporte ha sido una de las actividades a las que se ha tratado de dar "cobertura y protección" en esta crisis, con medidas como el descuento obligatorio de 20 céntimos por litro de carburante -aplicable a todos los consumidores- o "900 millones de ayudas directas".
Además, ha destacado las últimas reformas legales acometidas, como la ley de la cadena de transporte de mercancías, "que trata de impedir que se permitan situaciones de trabajo a pérdidas".
Rodríguez se ha manifestado en sintonía con las organizaciones mayoritarias del sector, como el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano interlocutor con el Gobierno, que tras el anuncio consideró que convocar un paro indefinido para reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo "no es la solución".
LOS CONVOCANTES DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
El presidente de la Plataforma convocante, Manuel Hernández, ha dicho en La mañana de Andalucía que el Gobierno tiene en su mano que los paros no se lleven a cabo si responde a su petición de reunión y se llega a un acuerdo para hacer cumplir el decreto ley aprobado en julio para evitar que trabajen a pérdidas y que, según Hernández "se incumple".
Según los convocantes, "la Administración ha ido descafeinando la ley y desautorizando a la Guardia Civil para que haga controles", ante lo cual, ha añadido que "no podemos seguir ninguneados y que se rían de nosotros porque los precios se se siguen bajando y se siguen cerrando empresas por no poder cubrir los costes".
Hernández ha instado al Ministerio a que "cambie inmediatamente" o al menos a que "llegue a un acuerdo para cambiar en unas semanas la situación porque no queremos ir a la huelga ni perjudicar a nadie".
ANDALUCÍA PIDE AL GOBIERNO QUE "HAGA UN ESFUERZO" PARA EVITAR EL PARO
El Gobierno andaluz ha reclamado este martes al Gobierno de la Nación que "haga un esfuerzo" por evitar una nueva huelga en el sector del transporte, convencido de que "lo deseable es que la huelga no llegue a celebrarse", así como de que la exigencia de una negociación está en el debe del Gobierno al argumentar que "la pelota está en el tejado del Gobierno".
Este planteamiento lo ha esgrimido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, quien de entrada ha apuntado que el anuncio de "la huelga es muy mala noticia" por cuanto ha recordado que "todos tenemos en la memoria la huelga de marzo" y su repercusión para el abastecimiento del país.
El consejero y portavoz ha recriminado al Gobierno su "incapacidad para llegar a acuerdos y poder contentar a alguien", mientras que ha blandido que "el clima social en nuestro país se ve cada vez más complicado" y le ha instado consecuentemente a que "se reúna con los sectores afectados, con el sector del transporte".
¿QUÉ RECLAMAN LOS TRANSPORTISTAS?
Los transportistas agrupados en la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte, que han convocado un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes, reclaman al Gobierno, entre otros aspectos, mayor control sobre el cumplimiento de la leyes de costes y de carga y descarga, extender su cobertura o establecer multas de hasta 90.000 euros.
Sobre el cumplimiento de la ley de costes y de carga y descarga, piden al Gobierno que garantice bajo un acuerdo firmado la colaboración de las correspondientes autoridades.
Concretamente, para el cumplimiento de la ley de costes reclaman la colaboración de la Guardia Civil en carretera, la Inspección de Transportes en las empresas y de Hacienda en las contabilidades; mientras que en la ley de carga y descarga piden la implicación de la Guardia Civil, la Policía Local y la Inspección de Transporte.
Por otro lado, solicitan que se extienda la cobertura de la ley de costes a todo tipo de transporte por carretera, incluyendo el furgonetero, ligero, pesado y de áridos.
También reclaman que se incluyan las mismas partidas para todo tipo de transporte en el cálculo de los costes, con gastos como la amortización, financiación y seguros del vehículo, el personal de conducción, los costes fiscales, el combustible, las dietas, el mantenimiento y las reparaciones o los peajes.
Por último, exigen que se dé validez a todas las denuncias de las organizaciones de transportes y de cualquier afectado, que se multe al cargador principal, al cargador contractual y al transportista; establecer sanciones de entre 70.000 y 90.000 euros, y eliminar las exenciones para no poder ser multado.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha insistido este lunes en que el Gobierno hará "todo lo posible" para evitar que se produzcan los paros en el transporte de mercancías por carretera anunciados este lunes para el fin de semana.