MADRID
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El novio de Ayuso propuso aceptar 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros para evitar el juicio

El abogado de Alberto González Amador envió en febrero a la Fiscalía un acuerdo de conformidad: una pena inferior a los dos años para no entrar en la cárcel y pagar todo lo defraudado a Hacienda más intereses y una multa. 

La cúpula fiscal avala la decisión de la 'número dos' de la Fiscalía de pedir archivar la querella de la pareja de Ayuso

CANAL SUR MEDIA 24 abril 2024

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio.

El documento enviado a la Fiscalía está firmado firmado por el abogado Carlos Neira y en él detalla la pena y la multa que Alberto González estaría dispuesto a aceptar para evitar entrar en prisión.

El 2 de febrero, Neira envió a la Fiscalía ese documento de ocho páginas en el que la pareja de Díaz Ayuso "acepta íntegramente" la comisión de dos delitos relativos a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

En concreto, su acuerdo de conformidad pasaba por aceptar ocho meses de cárcel -con lo que evitaría la prisión al ser menor de dos años y no tener antecedentes- y abonar la cuota defraudada, que ronda los 350.000 euros, más los intereses de demora y una sanción del 40 % de esa cantidad a Hacienda, lo que sumaría unos 525.000 euros.

"Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y su autoría como administrador único y socio de la sociedad Maxwell", reza el escrito, que, por el contrario, omite toda alusión al delito de falsedad documental del que también le acusa la Fiscalía.

Asimismo, propone no poder aceptar ni obtener subvenciones o ayudas públicas ni tampoco el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 9 meses.

Eso sí, la defensa deja claro que "esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada".

Fuentes fiscales informan a EFE de que este documento se ha facilitado a los fiscales de Sala que este miércoles se reúnen en Junta para debatir si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por un delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña.

LA JUNTA DE FISLAES RECHAZA INVESTIGAR

La Junta de Fiscales de Sala ha avalado la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid.

Fuentes fiscales han informado a Europa Press de que han adoptado esta decisión tras escuchar a los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, que --con mayoría de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)-- han apoyado la postura de Sánchez Conde frente a la de la fiscal María de la O Silva, que proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella.

Cabe recordar que la Junta de Fiscales de Sala tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, Sánchez Conde podía ratificarse en su decisión de pedir el archivo o corregirla sin obligación de apegarse al criterio de la mayoría.

La cúpula fiscal ha llegado a la sede de la Fiscalía General a las 9.30 horas dividida por el enfrentamiento entre Sánchez Conde y Silva sobre si había que investigar a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal de delitos económicos por supuesta revelación de secretos a raíz del comunicado de prensa relativo a la defensa de Alberto G.A., pareja de Díaz Ayuso, por el procedimiento abierto por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Finalmente, la teniente fiscal ha mantenido su postura.

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