El PSOE propone limitar la acusación popular y suprimir el delito de ofensas religiosas

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para prohibir a los partidos y a asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos que ejerzan la acusación popular en los procesos judiciales y que no se puedan admitir a trámite denuncias basadas en recortes de prensa. También quiere impedir que se admitan querellas basadas en recortes de prensa, facilitar la recusación de jueces y suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Para el Partido Popular se busca la impunidad en casos como los de Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez o el fiscal general del Estado. 

Poner freno a la persecución, difamación y acoso sistemático a artistas, científicos, periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, que utilizan de forma "abusiva" el Estado de Derecho, en concreto los tribunales, para lograr sus objetivos. Así ha justificado el PSOE la iniciativa legal que ha registrado este viernes en el Congreso, según ha explicado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

Para ello modifica los cuatro mecanismos que, a su juicio, permiten este “acoso judicial abusivo”. El más llamativo, prohibir a partidos y asociaciones vinculadas a ellos ejercer la acusación popular. Plantea inadmitir las querellas basada en recortes de prensa, como ocurrió con el caso de Begoña Gómez. Y también suprimir los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y saca de la ecuación las ofensas a la Corona, que sitúa en otra norma. El PSOE cree que el Poder Judicial lo verá con buenos ojos, así como los partidos y que, además, hay una sensibilidad social mayoritaria para poner coto a estas prácticas.

Y proponen que la ley tenga carácter retroactivo y pueda aplicarse a investigaciones que ya se encuentren en curso, lo que, además de a los citados, afectaría a decenas de casos en los que los que hay partidos personados, en especial el PP, el PSOE y Vox, entre ellos el caso Koldo. 

En su proposición de ley, el PSOE propone además que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. "Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos", ha explicado. López ha destacado que la fase de la instrucción debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio fiscal y por los perjudicados directos por el delito, "nadie más".  Así, el PSOE busca acabar con los "intentos abusivos" de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación "con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial". 

No obstante, ha matizado, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión, y ha señalado que se exigirá que para personarse como acusación popular exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente.

El PSOE aboga por suprimir el artículo 525 del Código Penal, de ofensas a los sentimientos religiosos, un delito que según ha señalado "no registra apenas condenas" aunque es utilizado "permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno". Ha puesto el ejemplo del proceso iniciado contra el gran Wyoming o Dani Mateo por sus comentarios sobre la Cruz del Valle de los Caídos y la polémica sobre la estampita que mostró en las campanadas de Nochevieja en TVE la cómica Lalachus.

GAMARRA: "QUIEREN LA INMUNIDAD" PARA EL PSOE

La proposición registrada por el PSOE llega en plena investigación al entorno deL propio Pedro Sánchez. En la actualidad, el presidente del Gobierno, su entorno y el propio Ejecutivo están inmersos en casos como la trama Koldo, el caso Begoña Gómez, al fiscal general del Estado, o la causa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Todas estas causas han sido impulsadas por acusaciones populares. La proposición ahora presentada, cuando esté en vigor, permitirá expulsarlas de estos procesos. La disposición transitoria así lo establece. Las reacciones políticas no se han hecho esperar en una iniciativa en la que ven un intento para amordazar a la justicias.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este viernes que su formación combatirá con todas los instrumentos a su alcance la propuesta de ley con la que los socialistas quieren prohibir que partidos y asociaciones afines puedan ejercer la acusación particular porque "solo busca impunidad para que no se investiguen delitos que afectan al gobierno, al presidente Pedro Sánchez y a su entorno".

La iniciativa, que el PSOE plantea que pueda aplicarse con carácter retroactivo a investigaciones que están en marcha, se presenta "con prisas" porque el objetivo que buscar es, según Gamarra, "paralizar procedimientos judiciales que están siendo ya instruidos". "No quieren combatir la corrupción, lo que quieren lograr es la impunidad para el PSOE, ante la corrupción que le acorrala", ha señalado la secretaria general de los populares en una rueda de prensa en la que ha incidido en que Pedro Sánchez, además de haber amnistiado y aplaudido la corrupción, "ahora pretende amordazar a los jueces para que no pueda ser investigada".

Para Gamarra, lo que obsesiona al presidente del Gobierno "es que se persiga la corrupción que ha cometido el Gobierno, su partido y el entorno más próximo" y por eso quiere acabar "con los que lo investigan y con quienes informan, y eso es una peligrosa deriva en este estado derecho". El objetivo de su propuesta es, según el portavoz del grupo socialista, Patxi López, garantizar derechos frente a acciones judiciales abusivas, pero según Gamarra, "lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, los negocios del entorno más próximo al presidente o sacar por la puerta de atrás de la administración miles de millones de euros en comisiones ilegales".

Ha añadido que son procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, un juzgado de Badajoz y de Madrid que no están basados en recortes de prensa, sino en informes de la Guardia Civil y diligencias judiciales.
Para el PP, a todo eso que está siendo investigado por la justicia española es "a lo que se quiere poner freno" con la modificación de la acusación popular, una medida que se sumaría al hecho de que el Gobierno ya "tiene a su servicio" a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.