El Supremo rechaza amnistiar la malversación y mantiene la orden de detención para Puigdemont
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal tampoco la aplica a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresident Oriol Junqueras
Consideran que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers y ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. Además, la Sala de lo Penal del alto tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresident Oriol Junqueras, ya que consideran que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.
La Sala ha acordado también promover cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional respecto del delito de desobediencia por el fueron condenados Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La magistrada Ana Ferrer suscribe un voto particular discrepante por excluir de la amnistía el delito de malversación y apoya plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.
El Gobierno de acuerdo con sus socios de investidura redactó una ley, la Ley de Amnistía, especialmente pensada para el retorno de los políticos independentistas fugados tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y algunos juzgados por el procés. ¿Qué argumentos plantea el tribunal para rechazar la amnistía? Alude a la malversación, es decir, utilizar dinero público para fines que nada tienen que ver con la gestión pública. Esto está fuera de la ley de amnistía, es decir, no puede ser amnistiado, y el juez Llarena dice que hay malversación porque los líderes condenados o imputados por malversación, obtuvieron un beneficio personal que afectó, además, a los intereses financieros de la Unión Europea.
¿Quién se puede ver afectado además de Puigdemont? Pues todos aquellos acusados, o condenados por malversación. El propio Puigdemont, que se arriesga a ser detenido si viene a España, los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig y, ojo, el líder de ERC Oriol Junqueras, inhabilitado en este momento por ese delito, por malversación. En su caso puede limitar sus opciones políticas durante los próximos siete años.
Más consecuencias: el gobierno de Cataluña. Puigdemont pensaba volver a España antes del 25 de agosto para presentarse a su investidura. Si lo hace será detenido, aunque podrá votar telemáticamente porque así lo aprobó la mesa del Parlament. En ese caso, todo se vuelve una incognita en Cataluña. Y luego está la estabilidad en España. La decisión del Supremo puede trastoca la estrategia de Pedro Sánchez para Cataluña, y puede tener consecuencias en los apoyos de los independentistas en Madrid.
