Entra en vigor la Ley de Amnistía, que da dos meses a los jueces para aplicarla
A pesar de la publicación de la norma en el BOE, el Tribunal Supremo mantiene por ahora la orden de detención a Puigdemont.
Se activa el plazo para los recursos de inconstitucionalidad, que el PP ha confirmado que presentará.
El Tribunal de Cuentas plantea elevar la norma a la justicia europea, lo que podría detener el plazo para la aplicación efectiva de la medida de gracia por los tribunales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta martes la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, también conocida como Ley de Amnistía, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen.
La medida nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.
Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, la norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por 'Tsunami Democràtic', entre otros.
Desde la publicación de la ley este martes, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea. El diario oficial también abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.
ORDEN DE DETENCIÓN DE PUIGDEMONT
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado a la Policía que la orden nacional de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue activa pese a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, y ha pedido opinión a la Fiscalía sobre si le afecta la norma o si la malversación que se le imputa queda fuera del perdón.
Con la entrada en vigor de la amnistía, el Tribunal Supremo ha solicitado a acusaciones y defensas que presenten sus informes sobre cómo afecta la ley a los respectivos procedimientos, tanto el relativo al proceso independentista catalán de 2017 por el que algunos líderes fueron condenados y otros huyeron, como el del caso Tsunami Democràtic, que también implica a Puigdemont.
En el caso de Llarena, instructor de la causa que afecta a Puigdemont, a Marta Rovira, y a los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, que nunca llegaron a ser juzgados al huir del país, pide a las partes que informen sobre "la aplicabilidad o inaplicabilidad" de la amnistía a los distintos hechos que se le atribuyen.
El juez quiere saber qué opinan "sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares" contra ellos, "prestando una particular referencia" a si los delitos de desobediencia o malversación que se les imputan entrarían en la amnistía o si "pueden considerarse excluidos" de la norma por considerar que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los preceptos que el legislador dejó fuera del perdón.
Entre tanto, el juez ha ordenado comunicar a las Fuerzas de Seguridad que las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los otros tres procesados "continúan vigentes y activas" y que "deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas", lo que complica un eventual regreso del expresidente catalán.
La ley de amnistía establece que el juez debe acordar "el inmediato alzamiento de las medidas cautelares" y debe dejar sin efecto las órdenes de busca y captura, si bien Llarena considera contradictorio un artículo de la norma en relación a los informes que se deben pedir a las partes, de modo que acuerda dar cinco días a acusaciones y defensas para que expresen su criterio.
Con la entrada en vigor de la ley, no han esperado para reclamar la amnistía ni el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ni otros 36 cargos y dirigentes de su partido, imputados en distintas causas del procés, como la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. Tanto ellos como otros imputados en Tsunami Democràtic, ya han registrado escritos donde piden a los jueces ser amnistiados.
Mientras el Tribunal de Cuentas activa ya el recurso a la Unión Europea para preguntar si puede perdonar a los condenados por malversación. La consejera que enjuicia el caso ha notificado a los independentistas que pretende elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para intentar recuperar el dinero público malversado por los líderes del procés.
La entrada en vigor de la Ley de Amnistía ha protagonizado este martes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, ha insistido en que el Gobierno ha hecho su trabajo y que ahora es el turno de los jueces y tribunales encargados de aplicar la norma.
