La presidenta del CGPJ: "Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces"

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha señalado que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces" sobre cómo aplicar la ley, por lo que ha reclamado a los partidos políticos que "respeten el trabajo de los jueces".

Perelló se ha referido así en el acto de apertura de Año Judicial que se celebra en el Tribunal Supremo, presidido por el rey, apenas 24 horas después de tomar posesión de su cargo, la primera vez que una mujer ostenta la presidencia del alto tribunal en mas de 200 años de historia, lo que ha calificado de "hecho histórico".

La presidenta ha utilizado su primer discurso para hacer un alegato en defensa de la independencia judicial y para dejar claro que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar" la ley, al tiempo que ha pedido "salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas".

La nueva presidenta del Poder Judicial ha dicho que "las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica" y que "la discrepancia es posible, habitual, incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico", pero "críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto".

Así, "en esta nueva etapa que hoy se inicia", ha hecho "un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan", a los cuales ha pedido "evitar ataques injustificados".
Porque "las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección" a través de la ley.

Además, ha reconocido la "ingente" tarea que tiene por delante con cerca de un centenar de nombramientos de la cúpula judicial pendientes, 27 de ellos en el Tribunal Supremo cuya situación actual "es muy delicada", una labor que se antoja "esencial" y que se ha comprometido a realizar "con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad".

"Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales" ha añadido Perelló, que ha destacado que "el nuevo Consejo está preparado" para afrontar este desafío.

Por otra parte, Perelló ha destacado la importancia que supone su nombramiento porque "es la primera vez que una mujer es elegida" para presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo, lo que supone "un paso más en el paulatino proceso de reconocimiento de la importante labor de las mujeres" en la Justicia.

De esta forma ha valorado su elección como "un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia cualesquiera que sean las funciones que desarrollen".

Ha recordado que nació "en una España en el que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial" y ahora son "mayoría", si bien ha advertido de que "queda mucho camino por recorrer" porque "las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales".

Así quiere recordar este día: "Hoy tiene que ser un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad y por acabar con de la inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social".

ALVARO GARCÍA ORTIZ

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", al tiempo que ha señalado que el juez instructor "no puede extender sus competencias" al "control absoluto" de la actividad pública y privada.

"Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular", ha dicho García Ortiz en su discurso. Aunque no lo ha mencionado expresamente, ha hecho estas declaraciones en el contexto del 'caso Begoña Gómez', iniciado a raíz de una denuncia de Manos Limpias en ejercicio de la acción popular.

El jefe del Ministerio Público ha indicado que "la utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal".

Para García Ortiz, "hemos llegado a un punto de difícil gestión" porque "el ejercicio de la acción penal se ha universalizado", "cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular", de modo que "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él".

"Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", ha sostenido.

Además, ha alertado de que "un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo", debido al "riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales".

En este sentido, ha advertido de que "la mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel", dado que "no solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades", sino que "también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios".

En concreto, se ha detenido en "la figura del juez de instrucción", para afirmar que, si bien fue "concebida en su momento como un necesario y poderoso instrumento de investigación", "no puede extender sus competencias al conocimiento pleno y al control absoluto del sometimiento de toda la actividad pública y privada al ordenamiento jurídico".

El fiscal general ha argumentado que "la jurisdicción penal tiene y debe tener su espacio", pero a renglón seguido ha apuntado que "la existencia y la razón de ser del resto de órdenes jurisdiccionales es lo que culmina la aplicación de la ley y la justicia en el imperio del Estado de Derecho".

Por ello, ha defendido que "es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito", puesto que --a su juicio-- "puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia".

García Ortiz ha subrayado que ese nuevo modelo, en el que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales, "ya existe" en España, al contar con él tanto en la jurisdicción de menores como en la Fiscalía Europea.

"Los peligros que acechan no solo a las personas como tales sino a la sociedad en su conjunto exigen un cambio completo de abordaje en nuestro proceso penal. No se trata solo de razones de ineficacia de un sistema obsoleto y perturbador, el riesgo es real y efectivo", ha añadido.

REIVINDICA EL PAPEL DE LA FISCALÍA

Por otro lado, ha reivindicado "el papel fundamental y el valor de la Fiscalía como balance y actor, este sí público y transparente, desprovisto de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad, en la promoción de la acción de la justicia".

"Somos --y podemos ser aún más-- un potente instrumento de transformación sin otra pretensión que la de la aplicación estricta de la ley. Defendemos esa legalidad y a quienes se ven afectados por la transgresión de la norma, sea cual sea su condición, origen o ideología", ha aseverado.

Al hilo, ha recalcado que los fiscales tienen "el derecho y el deber" de expresar su "opinión jurídica", "conforme o discrepante con las de los instructores o juzgadores". "No solo es un criterio programático, es un ejercicio imprescindible de responsabilidad profesional. Un necesario contrapeso al ejercicio del Poder Judicial", ha enfatizado.

También ha ensalzado el rol de la Fiscalía como una institución "vertebradora del Estado, de la unidad de España plasmada en la aplicación igual de las leyes", "igual para todas y para todos, en cada uno de los territorios en los que se articula la plural realidad social de este país". "Igual también para todas las personas", ha incidido.

Con todo, ha querido trasladar al Rey que, "frente a determinados discursos que pretenden socavar nuestras instituciones, nuestros principios y valores democráticos o, en definitiva, nuestra propia convivencia", "el sistema resiste".

Ha querido además hacer hincapié en que para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos debe contar con información veraz a través de fuentes fiables y ha destacado la Memoria Anual de la Fiscalía, que ha presentado durante su discurso, como una de las mejores fuentes por "el rigor de sus datos frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa".

La información veraz, ha resaltado, "fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también nuestra convivencia".