Reclaman que se les releve de esta causa si se mantiene la decisión en la junta de fiscales de sala del próximo martes. El criterio que prevalecerá será el del fiscal general del Estado.
García Ortiz dice que se deben amnistiar la totalidad de las conductas y levantar las medidas cautelares, lo que implicaría suspender también la orden de detención contra el ex presidente de la Generalitat
Los cuatro fiscales del Supremo encargados del procés se niegan a acatar la orden del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, que les pide la aplicación de la amnistía para Puigdemont y el resto de líderes del proceso independentista, incluido el delito de malversación. Dicen que la medida es improcedente y “contraria a las leyes” por sus extensiones europeas en la consideración de menoscabo de fondos públicos, y reclaman que se les releve de esta causa si mantiene su decisión. El fiscal Javier Zaragoza, en nombre de los cuatro fiscales del procès, ya ha anunciado que no están de acuerdo con la orden de García Ortiz y se ha convocado una junta de fiscales de sala para el martes próximo. El criterio que prevalecerá será el del fiscal general del Estado.
El fiscal general del Estado ha contestado este viernes con un escrito de 133 páginas al informe que los fiscales del procés le enviaron el miércoles pasado oponiéndose a aplicar la amnistía al delito de malversación, del que se acusa a Puigdemont y a otros líderes independentistas. García Ortiz dice textualmente que se deben amnistiar la totalidad de las conductas y levantar las medidas cautelares, lo que implicaría suspender también la orden de detención contra el ex presidente de la Generalitat.
Es un nuevo episodio en el enfrentamiento entre la cúpula fiscal y el fiscal general del Estado a cuenta de la amnistía. La orden de García Ortiz se fundamenta en que esa es la voluntad del legislador. En su decreto, el fiscal del Estado rechaza que haya ánimo de lucro, como entendían los fiscales del Supremo para no amnistiar el delito de malversación. García Ortiz tampoco entiende que haya menoscabo de fondos europeos. Por ello, declara amnistiadas todas las conductas y aboga por levantar las medidas cautelares, esto permitiría a los tres fugados (Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig) volver a España sin ser detenidos. También dejarían de estar inhabilitados Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Ante las desavenencias, García Ortíz ha convocado para el martes una Junta de Fiscales de Sala para fijar la posición de la Fiscalía sobre la amnistía a todos los condenados por el Supremo.
Este movimiento de la Fiscalía coincide con un momento de máxima tensión en Cataluña, con ERC decidiendo si entra en el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC y con un Parlament que la semana que viene inicia las consultas para desginar un candidato a la Generalitat. Un cargo para el que se enfrentan Salvador Illa y Carles Puigdemont.
EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE GARCÍA ORTIZ
Las reacciones políticas a esta decisión se han sucedido. En el PP piden su dimisión. Aseguran que Álvaro García Ortiz sigue con el "ordeno y mando" y desprestigia a la fiscalía. Desde Vox le acusan de estar al servicio del Gobierno. Para los socialistas son los populares quienes deslegitiman las instituciones.