Un juzgado abre diligencias contra Begoña Gómez por una denuncia de Manos Limpias

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, del que es titular el juez Juan Carlos Peinado García, ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según ha adelantado 'El Confidencial' y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press.

Estas mismas fuentes señalan que la apertura de diligencias se produjo el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, y que se ha decretado el secreto de las mismas. Según el digital, entre las primeras diligencias ordenadas por el juez está la citación de varios testigos.

La denuncia de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Recuerda que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostiene, y añade que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".

"DISPARARON LAS ADJUDICACIONES"

A esto suma que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Además, Manos Limpias sostiene que las cartas de recomendación y avales de la denunciada "dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad".

Tras estas aseveraciones, el sindicato indica que varios diarios digitales y de papel así como tertulias televisivas han denunciado estos hechos, que "revisten presuntos caracteres de delito de tráfico de influencias".

EL ARTÍCULO 429 DEL CODIGO PENAL

La denuncia apunta a la existencia de presuntos delitos relacionados con el artículo 429 del Código Penal, que sanciona la actuación de quien influya sobre un funcionario público o autoridad "para conseguir una resolución que para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico".

Tras esto, el sindicato solicita en su denuncia que se cite a declarar tanto a Begoña Gómez como a los responsables de los medios de comunicación que publicaron noticias al respecto. También pide que se aporten las cartas de recomendación y los expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés.

PEDRO SÁNCHEZ: "SIGO CREYENDO EN LA JUSTICIA"

Este mismo miércoles, el presidente Pedro Sánchez ha salido al paso de la noticia y ha afirmado: "En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en su autonomía y en su independencia".

Con gesto muy serio, Sánchez ha respondido así en el Congreso a la pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha dicho entender al presidente porque cree que está "sintiendo en sus carnes la guerra sucia".

El jefe del Ejecutivo parecía hacer referencia a una información de el Confidencial acerca de la apertura de diligencias contra su esposa por un presunto delito de tráfico de influencias por las relaciones con varias empresas que accedieron a adjudicaciones públicas.

"¿Cree usted en la Justicia?", es la pregunta concreta que le ha formulado Rufián. "Pues fíjese, voy a ser muy escueto --ha respondido Sánchez, con el semblante serio--. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país".

EL GOBIERNO DICE QUE ES UNA DENUNCIA FALSA

El Gobierno ha salido este miércoles en defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, calificando de "falsa" la denuncia presentada contra ella por el sindicato Manos Limpias y que ha llevado al PP a pedir a Pedro Sánchez que dé la cara y ofrezca explicaciones.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha advertido de que el Ejecutivo no permitirá que actitudes "trumpistas" como esa denuncia "falsa" socaven la democracia.

Se ha dirigido directamente al PP para acusarle de usar una denuncia de una "organización ultraderechista" como Manos Limpias para difamar e injuriar a la Presidencia del Gobierno.

"Estamos ante el peor PP de la historia y evidentemente el señor Feijóo se confunde con las prácticas y los discursos de la derecha y la ultraderecha", ha subrayado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha repetido que se trata de "una denuncia falsa más", y el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lamentado que con ella se haya traspasado "una línea absolutamente roja" para intentar manchar a alguien que es "intachable".

CAMPAÑA DE ACOSO

Albares ha denunciado asimismo una "campaña de acoso" contra la esposa del presidente que ha dicho que tiene "nombres y apellidos" y ha mostrado su "absoluta indignación" porque cree que las familias deberían quedar fuera del juego político.
También el portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha usado el mismo calificativo para la denuncia y se ha confesado "un poco harto de esa estrategia por la que uno en un país debe demostrar la inocencia" tras lanzarse acusaciones sin pruebas.

Admiten fuentes del Gobierno y del PSOE que Sánchez está dolido y disgustado por esta situación, como señalan que se ha podido comprobar en su semblante.

Resaltan que la denuncia se haya sabido un día después de conocerse que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propusiera a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio.

Ante la posibilidad de que se emprendan acciones judiciales por parte del Ejecutivo, apuntan que eso correspondería en todo caso a la persona denunciada, pero muestran su convencimiento de que la denuncia quedará en nada.

EXIGENCIA DEL PP

Por parte de Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy ha advertido del daño que se hace a la democracia cuando se la somete "a este lodazal constante, sin límites de ningún tipo" con noticias falsas, difamaciones o denuncias que acaban en nada, como cree que sucederá con la de Begoña Gómez.

Pese a ello, el PP quiere explicaciones ya por parte de Sánchez, y por boca de su vicesecretaria Ester Muñoz le ha exigido que "dé la cara" porque es "urgente, imperativo y necesario" tras una apertura de diligencias que considera "muy preocupante".