Ley de Memoria: 45.000 represaliados permanecen en fosas y cunetas en Andalucía

Recuperamos ahora un capítulo de nuestra historia aún sin resolver. En Andalucía, ocho décadas después del final de la guerra civil, más de cuarenta y cinco mil represaliados del franquismo están aún enterrados en fosas o cunetas. La recién aprobada ley de Memoria Democrática, aprobada sin consenso, hace al estado responsable de esas exhumaciones. Mientras, los familiares de las víctimas solo esperan recuperar sus restos para darles un entierro digno y cicatrizar heridas que llevan demasiado tiempo abiertas.

A sus 96 años, la memoria de María es frágil pero hay recuerdos que el dolor ha hecho perdurar desde hace más de ocho décadas. Su padre, Juan Guardeño, transportista en el bando republicano durante la Guerra Civil, fue fusilado el 14 de agosto de 1939 en Hinojosa del Duque, en Córdoba. Dejó viuda y siete hijos huérfanos. Nunca han podido recuperar su cuerpo ni darle un entierro digno. Fue sepultado en esta fosa común del cementerio de Hinojosa, el lugar donde habita el olvido al que fueron condenadas más de 150 personas represaliadas entre el final de la Contienda y mediados los años 40.

Conocemos a Luis Tovar, arqueólogo de Aranzadi, que lleva meses trabajando en esta fosa pero no se ha acostumbrado al horror de la muerte violenta de quienes están aquí enterrados. Son casi todos hombres pero han localizado, al menos, a tres mujeres. Las edades oscilan entre los 18 y los 80 años. Casi todos, fueron sepultados directamente en la tierra aunque han localizado algunos ataúdes

Carmen Jiménez, historiadora Aranzadi, cuenta cómo Hinojosa del Duque cae prácticamente en la misma fecha que Madrid, es decir, en marzo de 1939. "Esto explica un poco la feroz represión posterior, a partir de 1939 porque la mayor parte, de los Pedroches y la comarca del Guadiato, de la provincia de Córdoba, permanecen leales al gobierno republicano. Sabemos que aquí no tenemos personas represaliadas por el bando republicano porque ya en su momento fueron exhumadas, dignificadas... de hecho, hay muchos reconocimientos posteriores, en la misma propia causa general aparece la relación de víctimas y que fueron dignificadas, de los caídos por Dios y por España". Entiende Jiménez que "aquí tenemos ya una represión institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una constancia documental, un registro documental que nos habla, la propia documentación ya nos habla de estas ejecuciones"

Para conocer la documentación que sustentaba esas ejecuciones asistimos a esta reunión del proyecto Concord de la Universidad de Córdoba. Desde el año 2020, este grupo de trabajo está digitalizando los expedientes de los consejos de guerra a los que eran sometidos los represaliados. La idea es ponerlos a disposición pública. Los expedientes originales están en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. No hay una cifra exacta de cuántos son. Se calcula que pueden ser unos 12.000 solo de la provincia cordobesa. Los expedientes se pueden consultar en la página web www. historiaymemoriaencordoba.es

Cuenta Paco Acosta, profesor Historia Contemporánea y coordinador Proyecto Concord, que son "procesos carentes de todo tipo de lo que hoy entendemos por garantía jurídica". "Para empezar, por señalar cosas muy elementales que la gente pueda entender, los encausados, los procesados no elegían su abogado defensor... era un militar elegido por el propio tribunal. La propia idea de revestir la represión bajo la forma de un juicio, (...) es una idea nazi. Los alemanes aconsejan a Franco que lo haga así para, precisamente, para dotar de una cierta apariencia de justicia lo que en realidad no lo era". 

Estos procesos comenzaban con una denuncia con motivos "variadísimos", según Acosta. "La mayor parte de ellos ajustes de cuentas o el miedo es un factor también importantísimo, la propia prevención, la gente también se previene ante la posibilidad de que la represión caiga sobre él..."

La recién aprobada Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la de 2007, declara nulos todos estos juicios, una eterna reivindicación de las asociaciones memorialistas. La norma, aprobada con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, que la considera sectaria, convierte al Estado en responsable directo de la búsqueda de quienes aún están enterrados en fosas y cunetas.

"Desde luego, en el caso europeo el español es el que cuenta con el mayor número de desaparecidos todavía, como consecuencia de un proceso de enfrentamiento civil en este caso y en el mundo vamos de la mano de Camboya, el otro lugar del mundo donde hay más desaparecidos", dice Acosta para quien "lo fundamental no es la ley, es la voluntad de cumplirla y aplicarla".

La exhumación de la fosa de Hinojosa del Duque es seguida de cerca por los familiares de las víctimas, atentos a cualquier avance. Entre los restos, han localizado lo que en su día fueron unos zapatos y, también, unas balas. En la pared del cementerio, estas cruces señalan donde quedó incrustada la munición de los fusilamientos.

En una sala del cementerio se clasifican y almacenan los restos exhumados para enviarlos hasta el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Gracias a un convenio suscrito en 2016 por la Junta de Andalucía, el equipo que dirige José Antonio Lorente extrae el ADN de los huesos de las víctimas y lo coteja con el código genético que aportan los familiares de los sepultados en las fosas de nuestra Comunidad. El proceso no es fácil ni siempre exitoso.

En el Laboratorio de Identificación Genética de la UGR tienen el ADN de más de 900 restos óseos de las fosas y el de 1.800 familiares. Lorente confiesa que "el principal problema que hay es que huesos que han estado enterrados setenta, ochenta, noventa años dependiendo de cuando se exhumasen y cuando falleciesen asesinadas esas personas, son huesos que están en muy mal estado de conservación y obtener información del mismo es muy difícil en todos los casos y en otros casos es totalmente imposible. Cuando se obtiene esa información ya hay que compararlo pero también hay que tener los familiares de referencia adecuados para poder tener la identificación positiva".

La Universidad de Granada lleva décadas comprometida con la identificación de personas desaparecidas en todas partes del mundo, siempre, defiendo los derechos humanos. "La parte mala de todo esto es cuando se trata de politizar o meter un sesgo que nada tiene que ver con la esencia del ser humano", dice Lorente. "Si no somos capaces de comprometernos y de dar una respuesta emocional a una familia que lleva buscando a su abuelo, a su bisabuelo, que lo fusilaron, que desapareció hace más de noventa años, vamos a dejar lo de ser humanos y vamos a decir que somos máquinas de inteligencia artificial".

En Andalucía hay 708 de las 4.265 fosas que hay en España y 45.566 víctimas enterradas sin identificar. En el cementerio de Sevilla está una de las mayores fosas de Europa, la de Pico Reja, con más de 2.000 víctimas civiles de la represión. Entre ellas, el padre de la patria andaluza, Blas Infante. Remedios Malvárez y Arturo Andújar han reflejado, a través de una profunda investigación histórica y testimonios de víctimas, lo que supone la apertura de esta fosa. El resultado ha sido el documental Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, que ha recibido numerosos premios en festivales y que hace poco fue proyectado en el Parlamento Europeo.

Hay historias que no se borran y se heredan generación tras generación. A María y a mí nos separa casi medio siglo de vida. Pero nos une un pasado común. Mi familia y yo también queremos que esta fosa de Hinojosa del Duque nos diga dónde está mi bisabuelo. Para que esta lápida guarde, por fin, una sepultura digna. Para cicatrizar una herida que es memoria de todos.