La Junta limita la actividad y las licencias de los VTC

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado este martes el Decreto Ley por el que modifica, a su vez, la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, reguladora de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

El Decreto ley establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y solo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis.

Se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

La norma prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario solo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate.

Los VTC tendrán que aportar más información al registro, sus conductores tendrán que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas para la profesionalización del sector y la mejor protección de los derechos de los usuarios.

En el Reglamento que desarrolle el Decreto Ley se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad. Mientras que el tamaño del vehículo oscilará entre los 4,5 metros para los de cero emisiones, 4,70 metros para los híbridos-eco y los 4,9 metros.

Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda) y aplicará el régimen sancionador del Estado, mientras otorga a los ayuntamientos la potestad de subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en los momentos de gran demanda. Se podrá establecer una tarifa máxima por proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios.

Se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha sostenido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que la norma se ha hecho pensando "en el usuario, el consumidor, en el interés general" con la búsqueda de "la seguridad jurídica" y que el texto final solo ha excluido dos peticiones del sector del taxi: la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales concedidas a los VTC.

Carazo ha argumentado que la norma entrará en vigor sin que quepa concluir que hay "ganadores y perdedores" dentro de "una regulación equilibrada, sensata en base a la seguridad jurídica", por lo que ha defendido que "este Gobierno ha sido valiente en la regulación de los VTC con el objetivo de dar a los ciudadanos el mejor servicio, permitiendo seguir trabajando a los VTC pero estableciendo requisitos para no dañar al taxi como servicio público, para que se vea reforzado, asegurado".

"En ningún momento daña al taxi", ha remachado. La consejera de Fomento ha sostenido sobre las peticiones no atendidas del sector del taxi que es conocedor de que la eliminación de licencias han traído consigo "múltiples recursos con reclamaciones patrimoniales millonarias a la Administración".

Carazo, que ha dado cuenta de las consultas al Ministerio de Transportes, del que ha trasladado que "nos ofreció la posibilidad de una moratoria" ante el hecho de que la norma debe entrar en vigor el 1 de octubre por las exigencias de una directiva de la Unión Europea, ha reprochado también que "el Gobierno de España nos dejó la regulación compleja, insegura jurídicamente" por cuanto "una vez más por inacción, cobardía, debía haber abordado la regulación y evitar 17 normas diferentes y la inseguridad jurídica de modelos dispares".

En este contexto de incertidumbre jurídica Carazo ha apelado a que el Tribunal Supremo debe afrontar recursos para la unificación de doctrina tras pronunciamientos dispares de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos por cuanto ha habido comunidades autónomas que han regulado la precontratación de 15 a 60 minutos.

La consejera ha defendido la intensidad del trabajo de su departamento que ha querido poner de manifiesto con el hecho que en las últimas semanas se han celebrado "más de 100 horas de reuniones permanentes buscando el encuentro", que ha querido sumar "a todas las reuniones desde 2019".

"LA MANO ALZADA EN LA PARADA SOLO VALE PARA EL TAXI"

Carazo ha defendido que "tenemos claro acabar con el vacío legal que ha provocado el Estado" de manera que "los VTC sigan operando" después de esgrimir que "diferenciamos dos actividades garantizando su convivencia, teniendo muy claro que los VTC tienen limitado a dar servicio en precontratación, que no pueden circular buscando clientes, que no pueden permanecer estacionados a tal efecto".

"La mano alzada en la parada solo vale para el taxi", ha apostillado.

La consejera de Fomento ha argumentado que "hemos modificado el Reglamento del Taxi para ayudar al sector", con la inclusión de medidas como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes, la creación de áreas de prestación conjunta del taxi o la implantación del transporte a la demanda en ámbito rural con taxi, con 46 rutas en 70 municipios andaluces.

"El sector hasta la llegada de Juanma Moreno no había sido escuchado", ha proclamado Carazo, quien ha instado a "los ayuntamientos a ser partícipes de la vigilancia" del cumplimiento de la norma reguladora de la actividad de los VTC.

A preguntas de los periodistas, Carazo ha defendido que la responsabilidad civil de los conductores de los VTC es competencia del Estado a través de la Dirección General de Tráfico, mientras que en el caso de las competencias sancionadoras municipales ha señalado que "vamos a sentarnos con los ayuntamientos para explicares el contenido".

RECHAZO DEL PSOE

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha lamentado el "fracaso" de la Junta en la regulación de la actividad en el ámbito urbano de los vehículos de transporte con conductor (VTC) al considerar que le ha pillado "el toro" sin llegar a un acuerdo, al tiempo que ha pedido "equilibrio" para que este sector y el del taxi "puedan convivir".

Así lo ha indicado este martes en la Universidad de Jaén, donde ha asistido a la apertura oficial del curso, y a preguntas de los periodistas sobre la citada normativa que la Administración autonómica debe aprobar y la falta de acuerdo entre ambos servicios.

"Es un fracaso claro, incluso antes de que se lleve el documento al Consejo de Gobierno, si finalmente es hoy el día elegido. Porque cuatro años esperando para que prácticamente te coja el toro... El 30 de septiembre termina el plazo para la adaptación de las comunidades, otras lo han hecho mucho antes", ha afirmado.

UGT Y CCOO REPROCHAN LA TARDANZA EN NEGOCIAR

En el mismo sentido, a la secretaria general de UGT, Carmen Castilla, le llama la atención "enormemente" que "todo el mundo" supiera que el decreto expiraba el 1 de octubre de este año. "Las prisas no son buenas, sobre todo cuando hay que acercar posturas", ha comentado.

También la secretaria general de CCOO, Nuria López, considera que hay que facilitar la convivencia de ambos transportes. Reclama más acercamiento y negociación entre las Junta y los implicados.