La Junta reclama a Boliden 90 millones de euros por la limpieza de Aznalcóllar

Ha comenzado el juicio contra la empresa sueca Boliden, en el que la Junta reclama cerca de 90 millones de euros por la limpieza de los lodos tóxicos vertidos al romperse la balsa minera de Aznalcóllar en abril de 1998. Se apoya en un artículo de la ley de minas según el cual, quien contamina es quien debe pagar. Los abogados de Boliden tratarán de evitarlo argumentando que ese artículo no existía en la ley de minas de 1998, cuando ocurrió la catástrofe. El juicio ha comenzado con una gran expectación mediática en el juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla inicia desde este martes y  continuará los días 6, 11 y 13 de julio, con la declaración de doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas.

Esta mañana, Javier Serrano Aguilar, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración creada ante la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, ha asegurado ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla que "todas" las actuaciones acometidas y cuyo coste reclama la Junta de Andalucía a la empresa "fueron motivadas por el vertido" y que la socioeconomía de la zona sigue "pagando las consecuencias del vertido".

Serrano ha manifestado que las "dimensiones" del vertido fueron tales, que la Administración andaluza hubo de "innovar" a la hora de restaurar la zona afectada, pues no había "una referencia mundial" que tomar como punto de partida o de la que "copiar" medidas.

Hablamos, en ese sentido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, como ha recordado Serrano Aguilar señalando el "riesgo" afrontado por dicho espacio protegido como Patrimonio Mundial.

LOS ECOLOGISTAS ESPERAN UNA "CONDENA"

Ecologistas en Acción ha mostrado su deseo de que concluya en condena el juicio que comienza este martes en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, para resolver la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la empresa sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses, por los gastos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública a cuenta de la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

A las puertas del juzgado, Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, ha manifestado que el colectivo espera que el juicio derive en "una condena a Boliden" para que la entidad "pague" los costes de la restauración medioambiental, si bien tras 25 años de los hechos es "difícil ser optimista", según ha avisado.

En cualquier caso, ha pedido que las letradas de la Junta de Andalucía hagan "todo el esfuerzo" posible para conseguir la condena de Boliden, asegurando que en caso contrario, sería posible "recurrir a la justicia sueca", que "determina que Boliden tiene que hacerse cargo de los daños que haga en cualquier parte del mundo".

También ha recordado que la Audiencia de Sevilla tiene fijado para marzo de 2025 el juicio correspondientes a la investigación penal de la nueva adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis; reclamando una vez más "medidas cautelares" para que dicho grupo no comience a explotar la mina hasta esclarecer si obtuvo los derechos "mediante procesos de corrupción".

Después de que en la vista previa, celebrada en septiembre de 2022 no se llegara a un acuerdo, las partes llegan a este juicio, presidido por el magistrado José Manuel Martínez, presentando las pruebas correspondientes y defendiendo sus posturas en el conflicto, en el que la Junta reclama 89.867.545 euros a la empresa minera.

Los abogados de la Administración autonómica sostuvieron que están legitimados y que tienen la "obligación legal" de reclamar esta cantidad de acuerdo con el artículo 81 la Ley de Minas, mientras la empresa asegura que la Junta se gastó la mitad del dinero que reclama en "un corredor verde" y no en paliar las consecuencias del vertido.

La representación legal de la Junta argumenta que con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, por lo que reclama casi 90 millones de euros por la limpieza.

Por su parte, la empresa defiende que la Junta autorizó en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió y que Boliden retiró los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro, y que en 1998 no había norma que obligara a las compañías a responder por el daño medioambiental.

En el siguiente vídeo puede ver una reconstrucción realizada por Canal Sur de la rotura de la balsa.