Salud defiende que "todos los contratos de emergencia" del SAS tienen "aval jurídico"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido este miércoles que "todos los contratos de emergencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizados durante la crisis de la pandemia de Covid-19 "están avalados por informes jurídicos".

Así lo ha subrayado la consejera en una comparecencia en el Pleno del Parlamento solicitada por los grupos del PP-A, PSOE-A y Vox para valorar los informes de la Intervención General relativos a la contratación de emergencia del SAS durante el periodo de 2021 a 2024.

La consejera ha querido subrayar durante su intervención el contexto de "crisis sanitaria" generada por el virus que causaba la enfermedad Covid-19 en el que se enmarcaban dichos contratos analizados por la Intervención General, y al respecto ha recordado que, "ante el contagio masivo y descontrolado a nivel mundial que había provocado el Covid-19", la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020, "una emergencia de salud pública de importancia internacional" de la que España fue uno de los países "más afectados", especialmente a partir de marzo de ese mismo año, cuando el Gobierno central declaró el estado de alarma.

La titular andaluza de Salud ha subrayado que "no sería hasta el 4 de julio de 2023 cuando el Ministerio de Sanidad declaró la finalización total de las restricciones sanitarias" vinculadas a dicha pandemia que causó casi 16.000 muertes en Andalucía con datos actualizados "a fecha de 30 de junio de 2023", y ha remarcado que, "en esos momentos tan duros, todas las comunidades autónomas tuvieron que recurrir a una modalidad de contratación que en aquellos momentos no constituía una opción, sino una obligación", la del "procedimiento de emergencia".

La consejera ha argumentado que "la emergencia y la premura en dichas contrataciones dieron lugar, utilizando como base las recomendaciones que efectúan los informes técnicos de las intervenciones, a que pudieran producirse defectos o imperfecciones administrativas en el proceso" de las mismas, "pero siempre ajustándose de manera escrupulosa a la ley".

En su turno de réplica, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Rafael Márquez, aseguró que "los informes de la Intervención están por encima de los Servicios Jurídicos (del SAS), por eso no hay aval jurídico alguno".

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, afeó a la consejera que se esconda detrás de los datos trágicos de la pandemia para justificar los contratos.