Juicio a la antigua cúpula de UGT-Andalucía por fraude
Se juzga, entre otros, al exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro exresponsables del sindicato. Están acusados de un delito de fraude en las subvenciones para cursos de formación concedidas por la Junta.
También se les imputa un delito de falsedad en documento mercantil
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este lunes el juicio al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.
En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
El juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas.
El 13 de marzo de 2020, justo antes del primer estado de alarma frente a la pandemia, dicho juez responsable del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A.
En su auto , el juez instructor relataba que entre 2009 y 2013 los investigados pusieron en marcha procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores para que de una forma coordinada, pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación . La operativa, según el magistrado, pasaba por destinar los fondos recibidos a través de subvenciones públicas de la Consejería de Empleo a fines distintos del destino que deberían haber tenido , que era la formación . La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para los acusados.
