El Gobierno aprueba, dividido, una nueva edición del Bono Alquiler Joven

El Gobierno ha sacado en audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, que se espera que esté listo antes de que finalice el año, y que conlleva un registro previo sin el que no se podrán comercializar.

Además, ha aprobado la distribución territorial de los 200 millones de euros para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, todo ello en el primer Consejo de Ministros después de las manifestaciones de este domingo pidiendo una bajada de los precios del alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado en la rueda de prensa posterior que vendrán más medidas ya que el Gobierno no va a parar hasta dar solución al problema que tienen miles de personas en el país, un problema transversal para el que se van a poner todos los recursos, la disposición y la determinación para paliarlo.
Erradicar la comercialización de pisos turísticos ilegales

Con esta ventanilla única digital de arrendamientos el Ejecutivo busca regular la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración y avanza que será imposible comercializar los alquileres turísticos que no cumplan con la normativa.

Esta ventanilla, que se va a conectar con la ventanilla única europea, va a permitir perseguir el fraude de los alquileres turísticos, temporales y de habitaciones.

"Nadie discute que hay que poner orden al alquiler turístico", ha señalado la ministra, partidaria de prohibirlos y que tacha de valiente al alcalde de Barcelona por actuar en este sentido.

Este reglamento, que se va a publicar en audiencia pública, y que quedó pendiente de su desarrollo en la Ley de Vivienda, ha recibido más de 100 aportaciones desde que se anunció su puesta en marcha y estará listo antes de que finalice 2024, lo que convertirá a España en el primer país europeo en desarrollarla.

UNA "MATRÍCULA" PARA ALQUILERES

Así, se va a contar con el apoyo del Registro de la Propiedad para dotarlo de seguridad jurídica y ofrecer un número, una matrícula, con una duración de 12 meses, para certificar que los alquileres cumplen con las normativas, las ordenanzas municipales y las licencias, al tiempo que se sabrá también las comunidades de vecinos que han prohibido los alquileres turísticos.

De esta forma, se busca incrementar la información disponible con un registro sin el cual no se van a poder comercializar estos alquileres en las plataformas.

Si hay dudas se dará un plazo de 15 días a estos alquileres para subsanar la información requerida y de no ser así se suspenderá su registro y no se podrán comercializar.

Todas aquellas viviendas turísticas que no tengan este número verificado por los registradores, no van poder operar y dejarán de estar en el mercado y todo contrato de alquiler de temporada que no tenga una causalidad justificada, será un fraude y no podrá ofrecerse en las plataformas en línea.

La ministra ha abogado por que haya datos públicos al servicio del interés general y que no vengan de sectores privados interesados en fines particulares por falta de información.

El Gobierno quiere proteger a los ciudadanos que necesitan este tipo de alojamientos de corta duración, poner coto a los turísticos ilegales y priorizar el alquiler de una vivienda habitual.

PIDE A LAS COMUNIDADES AGILIDAD EN EL BONO DE ALQUILER

El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de 200 millones para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, de forma que ya son 600 millones los repartidos en este concepto, y ha subrayado que hay cuestiones que las comunidades autónomas deben mejorar como que los pagos sean más inmediatos, que se atiendan los pendientes, se reduzca el plazo de pago y no se creen discriminaciones entre jóvenes por la gestión autonómica. Todo ello se llevará a una próxima conferencia sectorial.

El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a tres veces el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que vivan en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales (ampliable a 900 en algunos supuestos) o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450.
Más de 20.000 millones para vivienda

Además, ha indicado que bajo la presidencia de Pedro Sánchez se han destinado más de 20.400 millones a las políticas públicas de vivienda, que tienen como objetivo garantiza el derecho constitucional a la misma, ampliar el parque público y conseguir que los ciudadanos no tengan que destinar más del 30 % de los recursos a la vivienda.

Preguntada por las tensiones con sUs socios de Sumar en materia de vivienda, la ministra ha asegurado que la única tensión que le preocupa es la del precio del alquiler, y que si tiene que confrontar con alguien es con la derecha que defiende el libre mercado y que ha conducido a esta situación.

ANDALUCÍA RECIBIRÁ 34,2 MILLONES

Andalucía recibirá 34,2 millones de euros más para políticas de ayuda al acceso a la vivienda, lo que eleva el total desde la primera convocatoria en 2022 a 102,6 millones.

Desde el año 2018, Andalucía ya ha recibido 1.208 millones de euros del Gobierno de España para políticas públicas de vivienda, con los que se ha movilizado la construcción de 11.245 viviendas y la rehabilitación de 32.944.

CRÍTICAS DE SUMAR Y LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de En Comú, Aina Vidal, ha denunciado que las ayudas al alquiler para gente joven presentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van a suponer una "transferencia directa al bolsillo de los rentistas".

En rueda de prensa este martes en la Cámara Baja, Vidal ha recordado que estas medidas, aprobadas en Consejo de Ministros, por lo que Sumar presentará observaciones, ya han estado vigentes y "prácticamente la inmensa mayoría" de las personas que pueden pedirlas no lo han hecho.

Por otro lado, la portavoz ha indicado que sin una limitación a los precios de la vivienda, lo que va a generar el Bono Alquiler Joven es "una subida de los precios". En este sentido, ha incidido en varias medidas abanderadas por Sumar, como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada o intervenir el precio de los alquileres en zonas tensionadas.

LAS AYUDAS SON UN "PARCHE"

De su lado, la diputada de Compromís integrada en Sumar, Águeda Micó, ha señalado que, aunque le parecen necesarias, las ayudas no dejan de ser un "parche" que, además, pueden acabar "en las manos de las personas que no son las que lo necesitan".

En este punto, Micó considera necesario condicionar los fondos estatales de vivienda a que las comunidades autónomas apliquen la Ley de Vivienda, así como un control de precios, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir los alquileres de temporada o prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no es para vivir.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha señalado que la medida anunciada por Sánchez "es absolutamente ineficaz" si no va acompañada de una efectiva regulación de precios. De hecho, ha incidido que lo que va a provocar son "nuevas subidas de los alquileres y para poner más dinero en los bolsillos de los caseros".

"La política es decidir para quién se gobierna y el problema es que este Gobierno ha decidido hace tiempo situarse del lado de los rentistas en esta crisis habitacional", ha aseverado Sánchez Serna, para reclamar que se prohíba la compra de vivienda que no sea de uso residencial, concretamente las compras masivas que están haciendo grandes tenedores y fondos de inversión.

"NO SE ATACA LA RAÍZ DEL PROBLEMA"

Por su parte, fuentes de IU se han opuesto también a esta medida, dado que no se puede permitir que el "negocio de unos pocos siga empujando a la precariedad a la mayoría, ni continuar diseñando políticas que no atacan la raíz del problema".

En este sentido, han sostenido que el bono de alquiler joven es un "claro ejemplo" de que el dinero público puede acabar "directamente en los bolsillos privados de quienes especulan con la vivienda, sin ofrecer soluciones reales".

"Estas ayudas tienen el riesgo de convertirse en una simple transferencia de dinero público a manos privadas. Estos solo sirve para inflar aún más los precios de los alquileres, perpetuando un sistema injusto que castiga a la juventud", han zanjado desde la formación que lidera Antonio Maíllo.

LAS AYUDAS ESTABAN EN EL ACUERDO DE PSOE Y SUMAR

Por último, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha recordado que esas ayudas al alquiler se incluyeron en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y que más que este bono sería necesario que estuvieran disponibles las 184.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez.

Asimismo, ha reclamado que, como mínimo, se ceda a las comunidades autónomas las viviendas en propiedad de los inmuebles propiedad de la Sareb, que en Galicia son en torno a unos 3.000 inmuebles, de los cuales "alrededor de la mitad estarían prácticamente en condiciones de entrar a vivir".