El último Consejo de Ministros del año ha sacado adelante un paquete de medidas económicas y sociales, entre las que también figura la prórroga de las bonificaciones al trasporte público y de las deducciones por mejoras energéticas en vivienda habitual.
El Consejo de Ministros, en su última reunión del año, ha aprobado un paquete de medidas económicas y sociales. Entre ellas, la revalorización de las pensiones contributivas un 2,8 %, la prórroga durante seis meses de las bonificaciones del transporte público y se ha puesto fin a la rebaja del IVA de los alimentos.
El Gobierno también ha dado luz verde a la subida de los impuestos del diésel y ha renovado el gravamen de un 1,2 % a las grandes empresas energéticas, aunque esta medida quedará invalidada en el Congreso.
Otras medidas aprobadas en la última reunión del año están relacionadas con el el blindaje de empresas estratégicas y la prohibición de desahucios de familias vulnerables durante un año.
La subida de las pensiones contributivas en un 2,8% para 2025 beneficia a más de nueve millones de pensionistas y obedece a la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor), que arroja un porcentaje del 2,8%.
En 2024, las pensiones contributivas se revalorizaron un 3,8% porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2023 lo hicieron en un 8,5%.
La revalorización del 2,8% supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación contributiva, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales en 2025.
En cuanto a las pensiones mínimas, el Consejo de Ministros ha aprobado un aumento de casi el 6 % y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarán un 9%.
En materia de vivienda, el Consejo de Ministros ha aprobado ha aprobado un real decreto ley que acuerda aportar a la entidad pública de suelo Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado para destinarlos al alquiler asequible.
Esta decisión coincide con el reciente anuncio del Gobierno para crear una gran empresa estatal de vivienda -que pasa por una reconversión de la actual Sepes y la incorporación de la Sareb- que gestione los suelos del Estado, las viviendas y sea un instrumento de colaboración y cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la promoción de vivienda pública en suelos públicos y flexibilizar el marco normativo para facilitar las distintas fórmulas de colaboración público-privada.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta finales de 2025 las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética en la vivienda habitual y en los edificios residenciales.