El instructor de la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, solicita a dos operadoras telefónicas que faciliten los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha consultado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si es posible recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido en dos números de móvil vinculados al fiscal general del Estado.
En ese mismo auto, el instructor de la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, solicita a dos operadoras telefónicas que faciliten los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos.
También pide la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.
Teniendo en cuenta que ni el IMEI ni el IMSI (números identificadores de los móviles) de sendos terminales, dice el auto, aportan la identidad sobre el usuario de los dispositivos, y que tal identidad puede ser "de relevancia en orden al esclarecimiento de los hechos y partícipes en los mismos", el juez permite a la UCO dirigirse "directamente a los prestadores de servicios" para su averiguación.
En otro auto, el juez rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024.
"Lo que no quita -añade Hurtado- para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa".
Hurtado encarga ahora estas nuevas pesquisas a la UCO tras recibir hace unos días de este organismo un informe que certificaba que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal abriera una causa penal contra él y una semana antes de que procediera al registro de su despacho y a la intervención de sus dispositivos electrónicos.