El Supremo admite a trámite una demanda del novio de Ayuso contra la ministra Montero
González Amador denunció a la dirigente socialista por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, a raíz de unas declaraciones en las que dijo que la presidenta madrileña y él vivían en un piso pagado con un fraude a Hacienda.
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite la demanda civil que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor en relación a unas declaraciones que realizó el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
Así consta en un auto en el que se pronuncian los magistrados la Sala de lo Civil del Alto Tribunal. En la misma resolución, el Supremo da 20 días hábiles a la Fiscalía y a la demandada para que contesten a la demanda.
Esta demanda se interpuso por la vía civil después de que el pasado 2 de octubre quedara sin efecto el acto de conciliación al que había instado la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que la ministra se retractara de sus afirmaciones y al que no acudió.
El acto de conciliación estaba previsto tras una reclamación de González Amador de 40.000 euros por las declaraciones que la ministra hizo, en las que pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".
Montero también indicó que le parecía "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión". Dijo además que "se lo tiene que hacer mirar" y le pidió que dé explicaciones "con normalidad" ya que suele ser "tan rápida" a la hora de contestar. "¿Por qué no responde a esta cuestión?", insistió.
La vicepresidenta primera del Gobierno se refirió en estos términos a la denuncia que presentó la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
