El TC deja en suspenso la tramitación de los recursos autonómicos contra la amnistía
Presentados por comunidades del PP, entre ellas Andalucía, y la de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista García-Page.
El Alto Tribunal va a estudiar si las comunidades están legitimadas para interponer este tipo de recursos contra una ley que no afecta directamente a su ámbito de autonomía.
El consejero de la Presidencia andaluz ha criticado la "barbaridad jurídica" que, a su juicio, supone esta "estrategia dilatoria"
El Tribunal Constitucional deja en suspenso la tramitación de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía, presentados por las comunidades autónomas del PP y la de Castilla-La Mancha, liderada por el barón socialista Emiliano García-Page. El TC encargará un estudio con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma.
Un grupo de letrados del Constitucional elaborará un estudio previo para analizar la legitimación que se plantea en todos los recursos de las comunidades, aprovechando el primero que se presentó para resolver un problema que afecta al resto de las 15 impugnaciones de la medida de gracia para los encausados por el proceso independentista catalán.
El recurso cabecera será el presentado por Aragón, que fue la primera comunidad en impugnar la Ley de Amnistía y la persona encargada de dicho procedimiento es la magistrada Laura Díez, por lo que será la primera que lleve en su día al Pleno su propuesta de admisión o no de estos recursos.
El plazo legal fijado para que las comunidades autónomas instasen acciones de inconstitucionalidad ante el TC cerró el pasado miércoles con un total de 16 recursos planteados contra la amnistía. Entre ellos está el procedimiento abierto por Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García-Page, así como el resto de las 15 regiones del PP.
El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha criticado la "barbaridad jurídica" que, a su juicio, supone la "estrategia dilatoria" por la que se habría decantado el Tribunal Constitucional en relación a los recursos presentados por 15 comunidades autónomas contra la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024.
Sobre este anuncio se han pronunciado también los partidos políticos andaluces. Izquierda Unida considera que la decisión del Tribunal Constitucional es un "varapalo" a la política del Gobierno andaluz. Desde el PSOE hablan de respeto a la decisión judicial y aluden a la "nueva realidad de Cataluña". Por su parte, el PP defiende que el recurso de la Junta está "perfectamente" legitimado.
