Pieza separada
Pieza separada

La Fiscalía avala investigar a la pareja de Ayuso por presunta corrupción en los negocios

Pieza separada por el presunto pago de medio millón de euros por parte de Alberto González Amador a la mujer del presidente de la empresa Quirón por la compra de una empresa de perfumería.

CANAL SUR MEDIA 15 January 2025

La Fiscalía de Madrid avala en un escrito que se investigue a Alberto González Amador en la pieza separada abierta el pasado mes de octubre por la jueza Inmaculada Iglesias para indagar en si la pareja de Isabel Díaz Ayuso incurrió en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para ocultar unos ingresos con el Grupo Quirón.

En un escrito el fiscal se pronuncia sobre el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado contra el auto por el que se abrió la investigación pararela y solicita que se confirme la resolución al ser ajustada a derecho.

El fiscal detalla que el recurrente pide que "la Sala archive libremente el objeto procesal de la pieza separada, desdeñando, sin realizar indagación alguna, los indicios de delito observados por la instructora a partir de las actuaciones de la Inspección tributaria".

"Y para ello realiza una serie de consideraciones que se refieren fundamentalmente a hechos ajenos al núcleo esencial de las conductas que son objeto de la pieza separada, y que por ello no desvirtúan suficientemente estos indicios de criminalidad", añade.

Le parece "muy llamativo" la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de "una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios".

Recuerda que la acusación popular solicitó "la apertura de pieza separada" ya que a su parecer existían indicios de la existencia delito fiscal agravado, delito de administración desleal y delito de corrupción en los negocios.

En su contestación al recurso, el fiscal recuerda que descartó la existencia de delito de administración desleal porque, como la defensa señala en su primera alegación, tanto Maxwell como Masterman son propiedad en su totalidad del investigado González Amador.

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