La amnistía sortea el delito de terrorismo del Código Penal y remite al derecho europeo

PSOE, ERC y Junts han pactado una amnistía total al procés. El Gobierno vuelve a ceder y sortea el delito de terrorismo del Código Penal y acota la definición de terrorismo al marco europeo para desbloquear la ley. Puigdemont y el resto de investigados en el caso Tsunami serán amnistiados. El pacto desbloquea la Ley de amnistía que rechazó hace un mes el partido de Puigdemont. 

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este jueves el nuevo dictamen de la Ley de Amnistía incorporando las cuatro enmiendas transaccionales que el PSOE ha pactado con los independentistas de ERC y de Junts. La iniciativa ha salido adelante por 20 a 17 votos al contar con el apoyo de los aliados del Gobierno frente al 'no' de PP y Vox. La Ley de Amnistía tuvo que volver a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico.

La modificación de la Ley dejaría fuera de la amnistía el delito de terrorismo y el de alta traición en la versión más estricta que recoge la legislación europea, los actos que hayan causado intencionadamente muertes o las torturas, pero el concepto más amplio de terrorismo que aparece en el Código Penal no estaría excluído, es decir, Puigdemont y los investigados por Tsunami estarían amnistiados.

El delito de malversación sólo queda excluído de la amnistía si hubiera enriquecimiento ilícito. Además, extiende el ámbito de aplicación, adelantándolo dos meses al 1 de noviembre de 2011, para cubrir todos los casos del procés. El comunicado de PSOE, Junts y ERC asegura que la amnistía cubrirá a todas las personas vinculadas al proceso independentista. En su viaje oficial a Brasil, Pedro Sánchez, antes de conocerse el acuerdo, no daba detalles pero señalaba que la Ley saldrá adelante y que será constitucional.

Una vez aprobado este jueves por la comisión, el nuevo dictamen de la Ley de Amnistía se elevará al Pleno del Congreso, que ya lo verá la próxima semana. Eso sí, como el orden del día ya estaba cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, el PSOE y sus aliados forzarán un segundo pleno, el jueves 14, en el que se debata y vote la proposición de ley de forma monográfica. En este Pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios han retirado todas las enmiendas que estaban vivas y descartan cualquier modificación más.

Como es una norma de rango orgánico necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante, por lo que no cabe cometer errores ni debe haber debe ausencias. Si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.

Pero si en el próximo Pleno del Congreso la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el pasado 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.

En el debate celebrado en la Comisión de Justicia, los principales grupos parlamentarios han repetido los argumentos que vienen defendiendo en los últimos meses. Tanto el PP como Vox han advertido de que la Ley es una mera transacción "corrupta" para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno a cambio de los votos de las formaciones independentistas, que a su juicio volverán a declarar la independencia de Cataluña.

"Vuelven a traer una ley injusta e inconstitucional con la que Sánchez quiere amnistiar los delitos más graves para que le sigan manteniendo en el poder", ha lamentado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra durante su intervención. Ha reprochado al PSOE sus afirmaciones de que les "repugna la corrupción" al mismo tiempo que están dispuestos a amnistiarla. "Su poder está unido a la corrupción", ha afeado.

Para Gamarra, la amnistía es una norma "corrupta" porque es un "pago" que los socialistas tienen que hacer para mantenerse en el poder y ha lamentado que hayan conseguido "empeorar" aún más la norma con unas enmiendas que la hacen "más inconstitucional".

En la misma línea lo ha expresado el portavoz de Vox de Justicia, Javier Ortega-Smith, quien ha lamentado que esta Ley suponga "un golpe de estado contra las instituciones". "Es el ataque más despiadado a la división de poderes y a la independencia del poder judicial", ha reprochado.

Además, ha acusado al Gobierno de Sánchez de "darles permiso" para volver a llevar a cabo una declaración de independencia. "Es una descarada declaración de impunidad", ha sostenido.

Por contra, el socialista Francisco Aranda ha asegurado que la ley de Amnistía busca arreglar que lo que en su opinión el PP "ayudó a estropear" al tiempo que ha acusado a los 'populares' de usar Cataluña "para encender los ánimos en el resto de España" con el objetivo de obtener réditos políticos y electorales.

Considera además que están dando un paso decisivo a un trabajo "político y jurídico que contribuirá de forma decisiva a la convivencia" a abrir una etapa nueva en Cataluña. "Nosotros creemos en el diálogo, la convivencia y la política, no estamos solos y seguiremos empeñados en este camino", sostiene.

Y frente a ello, el político socialista cree que el PP se decanta por "prestar sus votos, su estrategia y su voz, que es lo más duro, a la otra derecha". "¿A qué intereses sirven si no sirven a los intereses de la ciudadanía?", ha deslizado.

UNA EXIGENCIA DE PUIGDEMONT

Junts ha venido exigiendo un blindaje total contra el delito de terrorismo por el que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, y ahora el Supremo, investiga a Carles Puigdemont. El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluis Cleries, avanzaba su apoyo a la Ley, incluso, a los Presupuestos.

Los retoques a la Ley se incluyen en una enmienda transaccional acordada por los tres partidos a partir de las enmiendas que ERC, Junts y PNV mantenían vivas. El comunicado asegura que la Ley es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea. Así lo ha ratificado el portavoz socialista, Patxi López.

En el acuerdo aparece el logo del PSOE junto al de ERC y el de Junts, pero no el de Sumar. Los socios de Gobierno quedan fuera. Los socialistas necesitan el apoyo de todos sus socios de investidura, salvo a Coalición Canaria, para sacar adelante el texto. Fuentes de Junts señalan que el acuerdo ha sido posible gracias a que el PSOE se ha abierto a retocar el texto que rechazaron el 30 de enero por su debilidad tras el estallido del caso Koldo.