Lorenzo del Río advierte que puede haber "un nuevo juicio" en el caso de los ERE

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha anunciado este martes que elevará una consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la situación de excedencia voluntaria de una de las dos magistradas designadas para dictar las nuevas sentencias requeridas por el Tribunal Constitucional (TC) a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con relación al "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias.

En una entrevista en La mañana de Andalucía, Lorenzo del Río ha confirmado que la magistrada Encarnación Gómez Caselles, otrora miembro del tribunal original de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que dictó la sentencia inicial del citado "procedimiento específico" de los ERE y actualmente en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, se encuentra en situación de "excedencia voluntaria" para el cuidado de un familiar.

Ante la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de un familiar de la magistrada Gómez Caselles, el presidente del TSJA ha explicado que "la regla general" es que ante un caso judicial de esta naturaleza, "las sentencias las pongan los mismos" magistrados intervinientes en el procedimiento original y de dicha norma "se exceptúa solamente a los que han perdido la condición de juez o los que pasan a la legislación de excedencia pero para ocupar cargos políticos", lo que "no es el caso de la magistrada" Gómez Caselles.

Por eso, el TSJA ha resuelto elevar una consulta al Consejo General del Poder Judicial, para que dicho órgano haga "una interpretación de si esa persona puede o no formar parte de ese tribunal" en su actual situación de excedencia voluntaria por cuidado de un familiar, insistiendo en que lo que la ley estipula es que "no pueden dictar sentencias los (magistrados/as) que estén en excedencia voluntaria para ocupar cargos políticos, que no es su caso". En este sentido ha añadido que "vamos a pedir esa consulta y que el CGPJ valore si puede o no puede dictar la sentencia junto con la otra persona", ha señalado Lorenzo del Río, reconociendo que esta situación supone "un contratiempo importante" para la emisión de las nuevas sentencias ordenadas por el Constitucional, porque de momento "habrá que esperar" a que el CPGJ dilucide esta cuestión y después proceder en consecuencia.

No obstante, el presidente del TSJA ha asegurado que él confía en que "en un corto plazo de tiempo" pese ya una respuesta por parte del CGPJ. En función de lo que dictamine el Consejo General del Poder Judicial, según ha indicado, quizá "sería necesario o bien esperar a que pase esa situación de excedencia" o "en su caso", promover "una nueva vista, un nuevo juicio con un tribunal distinto, lo cual sí que sería un problema de tiempo enorme", si bien Lorenzo del Río ha declinado aventurar "si sería un juicio idéntico, con repetición" o "en qué condiciones" se celebraría una nueva vista.

En concreto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó en 2019 al expresidente de la Junta José Antonio Griñán a seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación, mientras Manuel Chaves era condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, penas mantenidas por el Supremo al desestimar en 2022 sus recursos de casación contra la sentencia inicial del órgano provincial, por tres votos contra dos de los magistrados de ese tribunal.

Recientemente, el Tribunal Constitucional, por siete votos a favor y cuatro en contra de los magistrados encargados del caso, estimaba parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y otros tantos acusados y ordenando a dicha instancia provincial que emita nueva sentencia incorporando los fundamentos incorporados por el tribunal a este asunto.

Por otro lado, el presidente del TSJA ha recordado este martes que "un recurso del Ministerio Fiscal paralizaría" la concesión del tercer grado autorizada por el Gobierno vasco para el preso de ETA Harriet Iragui, que fue condenado por los asesinatos del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, del concejal del PP José María Martín Carpena, en Málaga, y del médico militar Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla, en el año 2000.

Ha calificado de "política" la decisión de conceder el tercer grado a dicho etarra, y ha subrayado que "el tratamiento del terrorismo, con todo lo que ha supuesto de desgarro, de dolor para tantísimas personas, toca la fibra sensible de la sociedad y de las personas que más directamente se han visto afectadas" por él.

Del Río ha señalado que decisiones como la concesión de ese tercer grado son "políticas, de la administración penitenciaria", y "pueden ser objeto de un recurso del Ministerio Fiscal que paralizaría el tema hasta que se resolviera". Este tipo de decisiones se enmarcan en "la ley general penitenciaria tal como la tenemos", si bien ha sostenido que "hay que actuar con muchísima prudencia, con muchísima seguridad", y teniendo en cuenta que hay una serie de "requisitos añadidos" para que se pueda conceder un tercer grado en estos casos, como la petición de "perdón" y cuestiones derivadas de la "responsabilidad civil", del "cumplimiento de obligaciones o responsabilidades civiles pecuniarias", ha abundado.

Por otro lado, sobre la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea que se está tramitando actualmente en las Cortes Generales y que permitiría a los presos, incluidos los de ETA, conmutar las penas que han cumplido en el extranjero, lo que podría beneficiar a hasta 44 etarras, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el presidente del TSJA ha recordado que en dicha ley orgánica de 2014 "se exceptuaba", en lo relativo a la acumulación de condenas, "aquellas sentencias dictadas con anterioridad a agosto, creo recordar, del 2010", ha puntualizado.

Ahora lo que se quiere hacer es "eliminar esa excepción", que "ha sido tratada y llevada a los tribunales y al Tribunal de Estrasburgo" de la UE, y "se ha entendido que era correcta a las directivas europeas", ha explicado el presidente del TSJA. Por tanto, dicha reforma que ahora apoya el Gobierno para eliminar esa excepción "es una decisión que ha tomado el legislador ahora mismo, que algunos parece ser que no se han enterado, pero que no era una obligación, por así decirlo, de la directiva, porque ya estaba operativa con anterioridad", ha remarcado Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha confirmado que, una vez que se "suprima" esa excepción que estaba introducida en esa ley orgánica del 2014, "sí que habrá que empezar a hacer unas liquidaciones de condenas computando esos años de prisión que sean por resoluciones judiciales distintas de los tribunales españoles".

También se ha referido a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, conocida este pasado lunes, de rechazar el archivo del procedimiento que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien ha considerado que es pertinente acotarlo para dejar fuera el bloque relativo a Globalia. "Hay que analizarla como deberíamos analizar todos los casos, dentro de la normalidad del trabajo de cada uno de los poderes del Estado o de las funciones que tenemos", ha comentado para remarcar después que él "siempre" ha dicho que "hay que dejar trabajar a los jueces, que los jueces trabajen, para ver el resultado final" de la actuación, "el que deba de ser y respetarlo", ha zanjado.