120 barcos y 600 familias dependen de las capturas del Golfo de Cádiz
Está en riesgo la actividad para el 20% de la flota.
Por eso la noticia del recurso que ha anunciado el Gobierno ha sido bien recibida entre los afectados.
El horizonte está en el 9 de octubre como fecha a partir de la que los pescadores de arrastre no podrán salir a faenar. Un veto que supone la inactividad para el 20% de la flota pesquera en nuestra Comunidad.
Los barcos afectados son los que faenan en el Atlántico, en el Golfo de Cádiz, una zona en la que los puertos de isla Cristina y Ayamonte en Huelva o los de Sanlúcar de Barrameda y el Puerto de Santa María, en Cádiz, son los más afectados.
En total unos 120 barcos andaluces son los que no van a poder salir a la mar y esto significa que 600 familias se quedarían sin ingresos.
APOYO DE LA JUNTA Y LOS PESCADORES
La Consejera andaluza ha apoyado la decisión del Gobierno de recurrir el veto de Bruselas ante el Tribunal Europeo pero pide que se tomen más medidas de apoyo a los pescadores del golfo de Cádiz.
También los pescadores del golfo de Cádiz respaldan la decisión del Gobierno de recurrir el veto pesquero de Bruselas, pero consideran que lo tenía que haber hecho también con otras prohibiciones. Además los afectados piden la suspensión del reglamento, porque se va a tener que revisar con nuevos informes.
ANUNCIO DE PLANAS
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados que España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el cierre de caladeros a la pesca de arrastre adoptado por la Comisión Europea.
Así lo ha asegurado en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, tras reprochar el PP y el BNG la falta de contundencia del Gobierno para defender el acceso a estos caladeros y exigir compensaciones para el sector.
Planas ha asegurado que la decisión de la Comisión Europea es "profundamente injusta para el sector pesquero" y que la información científica que sustenta la decisión del Ejecutivo europeo es "insuficiente y anticuada". "La más moderna disponible estaba sobre la mesa de la Comisión y no se ha tenido en cuenta", ha dicho.
Asimismo, ha criticado que existe "un problema de equilibrio" en este veto pues, ha asegurado, "el Gobierno defiende la salud de fondos y mares del océano, pero se tiene que hacer de forma proporcional con los intereses de los pescadores".
Adoptado el pasado 15 de septiembre, el veto afecta a la pesca de arrastre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.
Planas ha explicado que España rechazó junto a Irlanda esta decisión, y que gracias a ello, a otras nueve abstenciones y a la no participación de los Estados miembros, no se aprobó un dictamen al respecto.
Asimismo, ha asegurado que junto a Francia e Irlanda han solicitado suspender la aplicación del reglamento y, ante la negativa de la Comisión, el Gobierno ha decidido presentar un recurso ante el TJUE, "el máximo instrumento jurídico" del que dispone España, ha dicho. Más tarde, en declaraciones a los medios, ha especificado que España interpondrá el recurso "en los próximos días".
El titular de Pesca ha criticado que la decisión no atienda a las consecuencias económicas y sociales de la prohibición, pero también que se base en información "errónea", ya que algunas de las zonas afectadas por el veto no alcanzan una profundidad de 400 metros y, por tanto, no debería aplicarse la prohibición.
Por otro lado, ha criticado que el veto de la Comisión Europea incluya también modalidades no contempladas en el informe que sustenta la prohibición, una decisión que supone "razón suficiente", ha dicho, como para anularla. "Lo vamos a discutir con la Comisión desde ahora para que revise esa decisión en noviembre", ha dicho.
