Anticorrupción asume la investigación de los contratos de emergencia del SAS
El juzgado número 13 de Sevilla admitió a trámite la denuncia del PSOE por estos contratos que ascienden a 300 millones y que, según la denuncia, se adjudicaron bajo el procedimiento covid a pesar de que ya estaba derogado.
La Fiscalía Anticorrupción investigará los contratos por valor de 300 millones de euros de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con la sanidad privada que denunció el PSOE-A en los juzgados de Sevilla, han informado a EFE fuentes judiciales.
El PSOE-A está personado como acusación popular tras haber abonado el pago de la fianza requerida por el juzgado de instrucción 13 de Sevilla, que ha abierto las diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Tras la apertura de las diligencias, el juez ha solicitado documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial.
La investigación de Anticorrupción, que aún está en fase preliminar, se produce después de que el juzgado Sevilla admitiera a trámite el mes pasado la denuncia del PSOE, que aprecia una supuesta malversación y prevaricación en los contratos, un asunto que los socialistas consideran un ‘modus operandi’ en el Gobierno andaluz, que ha rechazado que haya alguna ilegalidad.
La denuncia, presentada el pasado mes de junio, se refiere a la adjudicación de esos contratos utilizando el procedimiento excepcional que se aprobó para la pandemia de la covid y que, según el PSOE, la Junta siguió utilizando hasta 2023, dos años después de que fuera derogada esa normativa en 2021.
Cuando se conoció que el juzgado admitió la denuncia, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, dijo que se trata de "un ‘modus operandi’, no hablamos de un expediente puntual, ni de algo aleatorio o excepcional -subrayó-".
Espadas señaló que presentarán otra denuncia tras conocerse una información relativa a que el Gobierno regional fraccionó miles de contratos "en fraude de ley" con los que repartió "a dedo" 458,3 millones de euros a las mismas empresas en 2021.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, por su parte, dijo en el Parlamento andaluz que cuando Espadas era consejero de Vivienda en 2009, el 96 por ciento de los contratos que adjudicó eran menores, y que cuando fue alcalde de Sevilla, nueve de cada diez contratos eran de esta índole.
