El nuevo decreto da a los Ayuntamientos potestad para vigilar el cumplimiento de las normas y, por tanto, podrán multar y obtener un dinero extra de las VTC.
Málaga, Marbella y Granada tienen ya un plan específico de vigilancia que ha multiplicado por cinco las sanciones.
Los taxistas protestan este miércoles ante el Parlamento.
Las protestas de los taxistas vuelven esta tarde a las puertas del Parlamento. Lo hacen mientras en el interior se debate sobre el decreto que regula la convivencia del sector del taxi y el de las VTC. Una norma que entrará en vigor el 1 de octubre.
Y en esa nueva norma se recoge que los Ayuntamientos tendrán potestad para sancionar a los VTC que incumplan la ley, y por primera vez, podrán recaudar un ingreso extra por las multas a estos vehículos. En Andalucía hay ya tres ciudades que tienen un plan de vigilancia especial para los VTC, con el que se han multiplicado por cinco las denuncias a este sector.
En el nuevo decreto, la Junta de Andalucía compartirá la tarea de sancionar a los VTC con los Ayuntamientos. Ya hay ciudades en las que lo hace con otra fórmula. Un ejemplo es Málaga donde, hace más de un año, se firmó un convenio para reforzar la labor inspectora de la Policía Local con nuevos dispositivos informáticos, con los que se tramitan las sanciones al VTC en el lugar en que ha cometido la infracción. Se han multiplicado por cinco las denuncias a estos vehículos.
También se hace ya en Marbella y Granada, y en breve se llevará a cabo en Almería y Córdoba. Además con la norma que entrará en vigor el próximo sábado los consistorios podrán recaudar el dinero de la multa.
Los convenios que llevan un año firmándose sirven también para reformar los controles a los coches de Uber o Cabify en aeropuertos y lugares de ocio. Y a los taxis se les permite la precontratación de un servicio a precio cerrado y por plaza.