El acusado de asesinar a su expareja en Granada acepta 21 años de prisión
La condena es fruto de un acuerdo entre las partes en el que se contempla el atenuante de confesión. Los hechos se remontan a 2021, cuando el acusado, separado de la víctima, la esperó en el garaje y le asestó cincuenta puñaladas en pocos minutos.
El acusado de asesinar con más de 50 puñaladas a su expareja en Granada ha aceptado este lunes 21 años de prisión en un acuerdo que contempla el atenuante de confesión y que incluye no tener la patria potestad de sus dos hijas menores ni poder acercarse a ellas durante más de tres décadas.
La Fiscalía, la acusación particular que representa a la familia, la acusación popular y la defensa del procesado han alcanzado un acuerdo que ha permitido no tener que constituir el jurado popular que se iba a encargar de la causa.
El acuerdo ratificado por el procesado ha considerado que los hechos representan un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y violencia de género, y la circunstancia atenuante de confesión.
Los hechos se remontan al 10 de diciembre de 2021, cuando el acusado, separado de la víctima, la asesinó asestándole en pocos minutos más de cincuenta puñaladas.
Según el escrito de la Fiscalía, el procesado compró un paquete de cuatro cuchillos en una tienda del barrio y se escondió en el garaje en el que la víctima guardaba su vehículo, sabiendo que ella entraría a por el coche para ir a recoger a sus dos hijas al colegio.
A las 13:30, ella entró al garaje, su expareja la atacó con dos de los cuchillos que acababa de comprar, uno de 16,5 centímetros de hoja y otro de 20,5, y fue alternando las dos armas en su ataque frenético hasta que una vecina entró y el procesado salió huyendo.
Según la Fiscalía, el acusado pretendió "deliberada e inhumanamente" incrementar el dolor de la víctima tanto por las armas utilizadas como por el tipo de ataque.
Todas esas lesiones se las hizo en diez minutos escasos, ya que a las 13:40 llamó al dueño de un bar para decirle que había matado a la víctima, que avisara a la Policía, que estaría esperando en un descampado frente a su vivienda.
La condena establece también ocho años de libertad vigilada y 31 años en los que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de mil metros de sus hijas ni de la familia de la víctima ni visitar o residir en el municipio en el que ahora viven las menores.
La sentencia dictada de viva voz y firme incluye que deberá indemnizar a cada una de sus hijas con 300.000 euros por los daños morales y con otros 100.000 euros a la madre, el padre y la hermana de la víctima, además de pagar las costas procesales
