La familia de José Ignacio Ustaran, asesinado por ETA, clama por el derecho a la verdad

29 de septiembre de 1980. En torno a las nueve de la noche, una joven llamó a la puerta del piso de Vitoria en el que residían José Ignacio Ustaran y la sevillana Rosario Muela en compañía de sus cuatro hijos menores. Nada hacía sospechar que tras preguntar por el cabeza de familia, y asegurarse de que estaba en el domicilio, la joven sacaría una pistola y aparecerían dos hombres que se escondían en las escaleras. Tras ello se desató el horror.

Veinte minutos después, tras cortar el cable de teléfono y ordenar que no dieran la voz de alarma, los tres terroristas se llevaron a este ingeniero técnico vitoriano que ejercía como tasador de coches. Fue la última vez que lo vieron con vida su mujer y sus hijos. Una hora después, la policía encontró el cadáver de Ustaran en la parte trasera de su coche. Uno de los etarras que lo habían secuestrado a la hora de la cena le descerrajó un tiro a bocajarro en la cabeza. Tenía tan solo 41 años.

Ni el lugar ni la víctima fueron elegidos al azar. Los terroristas, pertenecientes a la entonces ETA político-militar, querían mandar un mensaje con aquel asesinato. El punto en el que abandonaron a Ustaran estaba situado junto al edificio donde se encontraba la sede vitoriana de Unión de Centro Democrático, el partido que liderado por Adolfo Suárez sostenía el gobierno de la nación.

La víctima había ido de número 9 en las listas de UCD a las elecciones al Parlamento Vasco celebradas en marzo de 1980, era miembro de la comisión ejecutiva de dicho partido en Álava y su esposa era uno de los ocho ediles que un año antes había conseguido la formación centrista en el consistorio vitoriano.

Ustaran fue uno de los cuatro representantes de UCD a los que ETA asesinó en 1980, el año más sanguinario de la banda terrorista con casi un centenar de víctimas mortales. En la dialéctica etarra, los representantes de dicha formación encarnaban en aquel momento la supuesta “opresión española” sobre Euskadi.

De los 24 asesinatos que se atribuyen a ETA político-militar, activa entre 1974 y 1982, cuando anunció su disolución y el abandono de las armas, la justicia tan sólo logró sentar en el banquillo a los supuestos responsables de uno de los crímenes. Sin embargo, fueron absueltos al no poder probarse su autoría. Esas 24 personas fueron doblemente víctimas: por ETA y por las medidas de gracia concedidas por el Gobierno a los llamados polis-milis a principios de los 80.

Como la mayoría de los más de 300 atentados perpetrados por ETA que siguen sin esclarecerse, la justicia sobreseyó provisionalmente el caso de Ustaran en 1983 por falta de pruebas. Tuvieron que pasar más de 35 años para que la familia tuviera acceso al sumario instruido por un juzgado de la Audiencia Nacional. Y fue una decepción para ellos.

Perdida durante décadas toda esperanza de conocer a quién mató a su ser querido, la viuda y sus hijos hallaron en ese expediente al menos un hilo del que tirar en su empeño por que se descubra la identidad de los terroristas.

Dos cuestiones sin resolver mantienen viva su esperanza. De un lado, que la sangre encontrada en el coche en el que se cometió el atentado es de dos grupos sanguíneos diferentes: uno el de la víctima y otro el del autor material de los disparos, quien se habría herido de forma involuntaria al realizar un primer tiro. Y de otro que las vainas de las balas encontradas dentro del vehículo nunca fueron analizadas para ver si eran las utilizadas por la banda terrorista en otros atentados.

De esos dos cabos tiró la familia para pedir la reapertura del caso, a lo que, con el informe favorable del fiscal, accedió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2018.

En estos últimos seis años se ha ordenado la práctica de varias diligencias con las que la familia confía en conocer al menos quién fue el pistolero que empuñó el arma que acabó con la vida del ingeniero técnico vitoriano.

Primeramente, la Guardia Civil presentó a la viuda y al hijo varón las fotos de 14 miembros de ETA político-militar que operaban en Vitoria en aquellas fechas para ver si podían identificar a los que se llevaron a Ustaran y con los que estuvieron cara a cara aquella noche de 1980. Pese al tiempo transcurrido, señalaron a tres con cierta seguridad.

El siguiente paso del juez fue pedir al Servicio Vasco de Salud que detallara los grupos sanguíneos de las tres personas señaladas, por si coincidía con la sangre encontrada en el picaporte del coche que no era de la víctima. Una de ellas es Martín Otaño Labaca, quien había sido detenido en 1979 por el secuestro del entonces director de la factoría de Michelin en Vitoria.

La pasada primavera, la Audiencia Nacional dio otro paso más. Pidió al forense un informe para conocer si el motivo que limita la movilidad de la mano derecha de Otaño Labaca pudiera ser una lesión previa causada accidentalmente por un disparo de arma de fuego y que no fue tratada de forma inmediata. La familia cree que se está estrechando el cerco sobre la persona que pudo matar a Ustaran.

El abogado de la familia ya avanza que la siguiente petición que harán al juez será que llame a declarar a Otaño Labaca. Y que lo escuche en calidad de testigo, con obligación de decir verdad.

A la espera de que se puedan practicar nuevas diligencias, José Ignacio Ustaran Muela lamenta que cargos de EH-Bildu tengan y no aporten información a la justicia para ayudar a esclarecer muchos de los casos que aún no se han resuelto, entre ellos el de su padre. Él tenía 13 años cuando lo mataron de un balazo. Como a sus tres hermanas, le robaron la infancia.

La gran espada de Damocles que se cierne sobre éste y otros casos irresolutos es el tiempo transcurrido. Hasta la reforma del Código Penal en 2010, los delitos de terrorismo no eran imprescriptibles como ahora sino que expiraba la responsabilidad a los 20 años, lo que lleva a pensar que difícilmente podrá ajustar cuentas la justicia con los autores del secuestro y asesinato de Ustaran.

A lo que no está dispuesta la familia es a renunciar a su derecho a conocer la verdad, se pueda o no sentar en el banquillo a los responsables criminales.

Casi 13 años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, y a la espera de que la justicia pueda terminar de encajar las piezas en este puzle, el recuerdo de José Ignacio Ustaran sigue vivo. Sigue presente en la placa colocada en el lugar donde apareció el cadáver y en la que figura una célebre cita de Gandhi: “No hay camino hacia la libertad, la libertad es el camino”. También en los corazones de su viuda, cuatro hijos y diez nietos, que no cejan en su empeño de conocer quién les robó la vida aquella noche de otoño de hace 44 años.