La muerte del niño Mateo desató una campaña en redes sociales a cargo de grupos ultras que culpaban a la inmigración de lo ocurrido, por lo que desde la Fiscalía se ha decidido actuar para poner freno a estos delitos de odio y a la difusión de bulos.
El apuñalamiento mortal sufrido por Mateo, un menor de 11 años en la localidad toledana de Mocejón, ha sido el último episodio de la catarata de bulos e incitación al odio que llevan a cabo grupos ultras en las redes sociales con el punto de mira puesto en la inmigración.
La Fiscalía General del Estado ha decidido poner coto a estas actuaciones delictivas y de desinformación y para saber qué se puede hacer, El Mirador de Andalucía ha contactado con la abogada penalista María José Ruiz Félez ha avanzado que el Código Penal tiene aspectos a mejorar para perseguir estos delitos porque ha puntualizado que "la difusión de bulos no está penalizada, están penalizados los mensajes que se divulgan si una persona se siente perjudicada en su honor o afectan a personas vulnerables que puedan ser discriminadas, pero esto es independiente del hecho de divulgar noticias falsas, por lo que no contempla el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz". De ahí que el fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado haya instado a realizar cambios en el Código Penal.
En el caso de las fake news son las propias empresas tras las redes sociales las que se "autorregulan", si bien en los delitos de discriminación, incitación al odio o la violencia sí puede actuar la Justicia. La abogada Ruiz Félez ha recordado el caso de un guardia civil condenado a 15 meses de prisión y la inhabilitación de su cargo. "Este guardia civil publicó en su cuenta de twitter un vídeo en el que atribuía a un menor inmigrante no acompañado la autoría de una agresión cuando el vídeo tuvo lugar en China y no en España tratando de incitar a la violencia y al rechazo hacia ese colectivo", ha recordado.
Sobre la responsabilidad de las compañías en Internet, la abogada precisa que "el Código Penal contempla la adopción de medidas de responsabilidad penal de las empresas y medidas como el cierre de las operaciones de estas empresas en nuestro país".