La amnistía beneficiará a 300 independentistas y a 73 policías

La propuesta de ley de Amnistía que discutirá el Congreso y que está en la base del acuerdo de investidura del PSOE con los nacionalistas de Junts y ERC borra todas las consecuencias jurídicas del procés. Es más, considera su aplicación a un plazo de tiempo amplísimo. Todo aquello que sucedió entre el 1 de enero de 2012 y hoy lunes 13 de noviembre de 2023. Por tanto, afecta a la preparación de la consulta del 9 de noviembre de 2014, la consulta ilegal del uno de octubre de 2017 y todo lo ocurrido tras las sentencia del procés.

Los efectos de esta ley no solo son sobre cuestiones penales. Porque, si se aprueba, quedarían extinguidas todas las responsabilidades contables derivadas del procés. Es decir, todo el dinero embargado a los encausados por el procés por desviar fondos públicos para financiar los gastos de la consulta y la promoción exterior, quedarían sin efecto.

Los responsables del procés quedan exonerados. Carles Puigdemont, huido de la justicia, podrá volver a España en cuanto la ley esté aprobada porque quedarían sin efecto las órdenes nacionales e internacionales de detención y entrega, lo que conocemos coloquialmente como órdenes de búsqueda y captura. 

Con él también podrán hacerlo el resto de políticos fugados como Toni Comín, y Marta Rovira, número dos de ERC y huida a Suiza. Asimismo,  se  beneficiará igualmente de esta ley Oriol Junqueras, porque su inhabilitación también sería anulada aunque en su caso existen dudas sobre si sería inmediata. Ello le permitiría a todos ellos presentarse a las próximas elecciones autonómicas catalanas, previstas para 2025. Junqueras podría ser candidato a la presidencia de la Generalitat al igual que Puigdemont.

Finalmente, la norma no contempla el concepto de lawfare de forma no van a beneficiarse de la amnistía personas relacionadas con el independentismo, pero que están en proceso judicial o condenadas por casos que nada tienen  que ver con el desafío independentista. Estamos hablando de Laura Borrás, presidenta de Junts, y ex presidenta del Parlament de Cataluña y que fue condenada por trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo, o Gonzalo Bolle, abogado personal de Puigdemont y procesado por blanquear presuntamente dinero del narcotráfico.

Por el contrario, sí estarían beneficiados por esta ley todos los procesados de Tsunami Democrátic, la organización que protagonizó protestas tras la sentencias del procés y los CDR, activistas que protagonizaron sabotajes, y disturbios tras esa sentencia.

La norma excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europeas, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas graves.

Queda ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo en las que aún no hay sentencia: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga a Puigdemont, y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.

En total, se beneficiarán de esta medida de gracia unas 300 personas vinculadas directamente al procés y 73 agentes de policía encausados por su participación en la consulta ilegal del uno de octubre de 2017.

UNA MEDIDA NECESARIA PARA ACABAR CON "LA TENSIÓN POLÍTIA, SOCIAL E INSTITUCIONAL"

La proposición de ley del PSOE y sus socios para amnistiar al independentismo catalán contiene una exposición de motivos donde justifica que es una medida necesaria para acabar con "la tensión política, social e institucional" y garantizar la convivencia a "futuro", al tiempo que defiende que se trata de un "mecanismo constitucional", además de un paso "valiente y reconciliador", según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.

Así, señala que abarcará "todos los actos que acreditan una tensión política, social e institucional, que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales".

La proposición de ley vuelve a situar el origen del "conflicto político" en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo extiende a todo lo ocurrido desde entonces, desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy mismo, incluyendo la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O.

"Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal", dice.

En este sentido, augura que, sin esta ley, dichas consecuencias "podrían agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos que ejercen funciones esenciales en la administración autonómica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e inhabilitación produciría un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social".

Con todo, explica que se actúa "en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político".

Por ello, dice que la amnistía es una herramienta que "fortalece" el marco legal mirando "hacia el futuro", "devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del 'ius puniendi' por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática".

UNA COMPETENCIA DEL PARLAMENTO

Además, justifica que sean el Congreso de los Diputados y el Senado quienes concedan el perdón porque la amnistía "se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional".

"De esta manera, a quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada conducta se le reconoce, en lógica consecuencia, la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros límites que los que directamente dimanen de la Constitución", expone.

A ello suma que "en este tiempo las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso independentista". "Un papel que esta ley orgánica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general", añade.

Reivindica asimismo que "con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro".

NO INVADE "OTROS ESPACIOS"

Recalca también que, "al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político".

"La amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción (...) porque el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley y es precisamente una ley con valor de orgánica la que, dentro de los parámetros antes expuestos, prevé los supuestos de exención de la responsabilidad, correspondiendo a los jueces y tribunales, así como al Tribunal de Cuentas o a las autoridades administrativas que sigan o hubieran seguido las diligencias, procesos, expedientes y causas a las que afecten los actos amnistiados, su aplicación a cada caso concreto".

En definitiva, los firmantes afirman que "esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo".

"Por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento", zanjan.

DÍAZ HABLA DE ACUERDO HISTÓRICO Y LÓPEZ CONFÍA EN QUE SE REBAJE LA TENSIÓN EN LAS CALLES

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que la futura ley de amnistía concitará un "acuerdo histórico" entre formaciones políticas para desplegar una medida "necesaria" para "acabar" con el conflicto político catalán.

Así lo ha indicado durante su intervención en la reunión del grupo parlamentario plurinacional, donde ha puesto en valor que la amnistía supone "salir del bucle" que se originó en 2017 a raíz del 'procés' y que no se impulsa por "unos pocos", en referencia a políticos independentistas, sino para la gente común como directores de escuela que abrieron centros escolares para una votación.

"Siempre hemos dicho que estábamos con la ley ante un conflicto político y que los asuntos políticos se dirimen con la política, se dirimen con el diálogo. Siempre hemos defendido lo mismo. Hemos dicho que solo se puede solucionar en democracia los conflictos políticos a través de estas herramientas", ha reivindicado para destacar que su grupo estampará su firma en esta propuesta legislativa.

Díaz ha admitido que es consciente que hay gente que no le gusta la amnistía pero reclama que generaciones pasadas ante "momentos dramáticos" tuvieron "altura de miras" para lograr solventar este conflicto.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, confía en que la tensión en las calles y las manifestaciones contra la ley de amnistía y la investidura del líder socialista Pedro Sánchez se rebajarán cuando el nuevo Ejecutivo empiece a gobernar.

Además ha destacado que, aunque las formaciones independentistas con las que ha pactado el PSOE --ERC y Junts-- sigan pidiendo un referéndum de independencia, ahora lo hacen en base al artículo 92 de la Constitución.

También subraya que después de formalizar sendos acuerdos con el PSOE, los dos partidos hayan votado en contra, en el parlamento catalán, de realizar una consulta unilateral, tal como propuso el otro partido independentista de Cataluña, la CUP.

Después de las multitudinarias manifestaciones de este domingo en contra de la ley de amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo, López ha dejado claro que los socialistas respetan el derecho a manifestarse de los ciudadanos, pero ha acusado al PP de convocar estas concentraciones en base a "mentiras" y ha reprochado las "soflamas" expresadas por los líderes 'populares' que han encabezado estas manifestaciones en las principales ciudades españolas.