El juez sentencia que Boliden no tiene que pagar los 90 millones del desastre de Aznalcóllar

El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha dictado este viernes la sentencia por la que desestima la demanda de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden Apirsa en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

La sentencia condena en costas a la Administración andaluza. La resolución no es firme y cabe contra ella un recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia número once en el plazo de 20 días siguientes a la notificación a las partes. "Debe ser desestimada al no apreciarse que la acción ejercitada pueda sustentarse en la normativa y doctrinas invocadas", argumenta la Justicia.

Las actuaciones desarrolladas por la Junta como consecuencia del desastre de Aznalcóllar por el que pedía 90 millones a la multinacional minera sueca están relacionadas con la retirada de los lodos (7.000 millones de litros de material contaminado, con un coste de 46,9 millones de euros); depuración de las aguas de Entremuros (14,460 millones); control de la calidad ambiental (2,4 millones); investigación científica (5,2 millones); restauración ecológica de la zona afectada (16,5 millones); asistencias técnicas y actividades complementarias (2,93 millones) y control sanitario (2,065 millones).

LA JUNTA RECURRIRÁ

El Gobierno andaluz interpondrá un recurso de apelación y, "si fuera necesario, apelará al Tribunal Supremo" (TS), contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla que desestima la demanda de la Junta de Andalucía contra Boliden Apirsa por su responsabilidad en el pago del coste de la limpieza y regeneración del terreno afectado por la rotura de su balsa minera --89 millones de euros-- en Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo andaluz en un comunicado en el que traslada que "respeta las resoluciones judiciales y, por tanto, esta sentencia" que, según ha remarcado, "no es firme", y se ha declarado "convencido de la existencia de la responsabilidad del grupo Boliden". Desde la Junta argumentan que dicha sentencia, "frente a un supuesto del que no existen precedentes ni, por tanto, jurisprudencia ni doctrina, parte de una interpretación jurídica del marco normativo aplicable hace 25 años que no comparte el Gobierno andaluz".

Así, la sentencia "niega la suficiencia de dicho marco normativo vigente en 1998 para amparar la reclamación de la comunidad andaluza, dejando imprejuzgada la cuestión de la responsabilidad del grupo Boliden", avisa la Junta, que señala además "la desafortunada circunstancia, no imputable en ningún caso al actual Gobierno andaluz, de que la Administración autonómica se ha visto abocada a 25 años de peregrinaje jurisdiccional, puesto que se intentó pedir responsabilidades por la vía civil, y el mismo juzgado que ahora ha dictado la sentencia se declaró incompetente y llevó a la Junta a acudir a la vía administrativa, hasta que finalmente el Tribunal Supremo devolvió la demanda al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla".

Desde la Junta han subrayado además que "tanto la responsabilidad de Boliden por las consecuencias derivadas del accidente minero, como el hecho de que la rotura del dique es exclusivamente imputable a su actuación, han sido ya declaradas por sentencia firme".

Así, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 22 de noviembre de 2004 le condena al pago de más de 40 millones de euros por los daños causados al dominio público hidráulico, mientras que la del mismo alto tribunal del 11 de enero de 2012 resolvió "la reclamación presentada por la empresa frente a los autores de los proyectos y ejecutores de las obras, a los que pretendía reclamar la responsabilidad por la rotura".

Dicha sentencia señaló, literalmente, que "lo que sí queda palmariamente acreditado es que la actora hoy apelante gestionó los vertidos de residuos de la balsa, apartándose de los proyectos, mezclando vertidos de residuos en vez de separarlos, inyectando en la balsa líquidos para los que no estaba proyectada, construyendo a pie del dique una batería de pozos de drenaje, lo que comporta la disminución de la estabilidad del dique, habiendo hecho la actora (Boliden) un incorrecto recrecimiento del mismo, que conlleva necesariamente el incremento de las presiones intersticiales, siendo la causa directa de la rotura del dique, ajena a los trabajos realizados por Intecsa, Geocisa o por ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA, por lo que no es correcto responsabilizarlas de la rotura de la balsa, y menos aún de los daños causados".

A lo dicho debe añadirse, según la Junta, que Bolidén Apirsa, S.L. "se encuentra incursa en un procedimiento concursal en el que se ha solicitado por los administradores concursales la declaración de culpabilidad del concurso".

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que "uno de los principales valores que defiende hoy la Junta de Andalucía es el del respeto más absoluto a nuestro entorno natural y, por supuesto, con el principio de que quien contamina, paga".

"Estamos convencidos de la existencia de una responsabilidad por parte del Boliden, y tenemos la firme intención de recurrir esta sentencia, primero en apelación y llegar, si fuera necesario, hasta el Tribunal Supremo", ha insistido.

El consejero ha hablado de "una muy mala noticia para Andalucía" y "para el medio ambiente en un momento en el que la protección del entorno natural se convierte en objetivo fundamental de nuestro ordenamiento jurídico", y ha subrayado que la Junta "ya gastó casi 90 millones de euros en reparar las consecuencias derivadas de un accidente minero de cuya responsabilidad es exclusiva del Grupo Boliden", según ha remachado.